- Carmen García Bermejo y Thelma Gómez Durán / Quinto Elemento Lab
Cuando decidió que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) rechazara contratar de nuevo un seguro que cubriera daños por sismos a pesar de saber que sería la única posibilidad de afrontar un desastre como el ocasionado por los terremotos de septiembre de 2017, el antropólogo Diego Prieto Hernández no tenía certeza alguna de cuál sería su futuro como funcionario público.
Sabía, en realidad, que al sexenio de Enrique Peña Nieto le restaban sólo ocho meses, los mismos meses que a él le quedaban como director general del instituto. La carencia de un seguro que incluyera afectaciones por sismos sería un problema, sí, pero para alguien más, para quien lo sucediera en el cargo.
Así que Diego Prieto aceptó en abril de 2018 que el INAH contratara una póliza tan básica que no servía en caso de un terremoto.
Es verdad que después de septiembre de 2017 el costo de la prima de las pólizas se disparó, pero también que los 3 mil 500 millones de pesos pagados por Seguros Banorte —empresa con la que se había firmado la póliza entonces vigente— permitieron iniciar los trabajos de restauración de casi la mitad de los 2 mil 340 inmuebles históricos dañados ese año.
El gobierno saliente de Peña Nieto ya no iba a destinar más recursos a pagar una cifra elevadísima para asegurar el patrimonio histórico y arqueológico del país. Él, como director del INAH, y la entonces secretaria de Cultura, María Cristina Cepeda, habían hecho lo que estaba a su alcance.
Por eso, a partir del primer minuto del día 8 de abril de 2018, los más de 11 mil monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX, las 29 mil zonas arqueológicas del país, las pinturas, esculturas, mobiliarios y códices en resguardo del INAH se quedarían sin un seguro que cubriera daños provocados por sismos. Y así permanecerían durante casi cuatro años.
Entre ellos, hay edificios históricos, templos, zonas arqueológicas de Oaxaca que carecen de protección.
Por azares de la vida política mexicana, el antropólogo Diego Prieto no se quedó sin cargo en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Él siguió al frente del INAH. Fue uno de los pocos funcionarios de alto nivel que brincó de un sexenio a otro. No hubo cambios.
Lo que sí cambió, y mucho, es el seguro que desde 2022 “protege” el patrimonio histórico del país. La póliza hoy vigente contratada con Agroasemex es tan endeble que, en caso de un mega sismo, no sirve de casi nada.
SEPTIEMBRE FUNESTO
Cada septiembre, el calendario nos recuerda que los temblores forman parte de la historia mexicana, que no es posible darse el lujo de ignorarlos, de minimizarlos.
Los dos terremotos ocurridos en septiembre de 2017 con sólo 12 días de diferencia dejaron al descubierto la vulnerabilidad del patrimonio histórico y arqueológico del país.
Ese mes, al menos 2 mil 340 inmuebles catalogados como patrimonio nacional resultaron dañados, principalmente en Puebla, Oaxaca, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.
En el caso de Oaxaca, el acumulado es superior a 900 edificios.
Una estimación inicial hecha por funcionarios del INAH consideró que sería necesario invertir 13 mil millones de pesos para restaurar esos inmuebles. Más de cinco años después, esa cantidad podría ser mucho mayor.
Desde el principio que hicimos el análisis para garantizar los recursos que se requieren en la recuperación de los monumentos afectados, estimamos que requeríamos más o menos 13 mil millones de pesos”, explica en entrevista Arturo Balandrano, quien en septiembre de 2017 era el titular de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH.
Desde fines del siglo pasado ya existían antecedentes de que la restauración de inmuebles dañados por un sismo mayor demandaría una gran cantidad de recursos.
En 1999 dos terremotos sacudieron el patrimonio histórico. El primero se registró el 15 de junio, con epicentro en Tehuacán, Puebla. El segundo, el 30 de septiembre y se originó en Puerto Escondido, Oaxaca. Un balance oficial situó en mil 542 el número de construcciones históricas dañadas.
Esa experiencia llevó a que a partir del año 2000 el INAH adquiriera un seguro para cubrir los daños ocasionados por terremotos, incendios, erupciones volcánicas, eventos meteorológicos e, incluso, terrorismo. Durante varios años, esa póliza se contrató con la empresa Inbursa.
Los sismos de septiembre de 2017 mostrarían que, en medio de la devastación, contar con ese seguro había sido una decisión atinada.
UN SEGURO, ¿SEGURO?
Las negociaciones no fueron tersas. “Hubo dos eventos catastróficos. Por lo tanto, dice, podríamos llegar (a pedirle a la aseguradora) hasta 7 mil millones de pesos. Logramos negociar pagos por hasta 5 mil 500 millones de pesos”, cuenta quien desde inicios de 2019 es director general de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura.
Pero las autoridades cometieron un nuevo error que tendría graves repercusiones. La aseguradora ya había cedido ante los argumentos de las autoridades del INAH: “‘Te doy los 5 mil 500 millones de pesos’. Pero el INAH dijo: ‘No, veme pagando de acuerdo a como voy avanzando’”, detalla Balandrano.
“Debimos haberlo aceptado”, confiesa el funcionario. Pero no lo hicieron. Y luego las cosas cambiaron.
La empresa comenzó a plantear entonces que no pagaría los daños de algunos inmuebles que no eran propiedad federal (casonas, haciendas, palacios municipales, por ejemplo), a pesar de estar en el Catálogo de Monumentos Históricos.
Al final, según el relato del funcionario, Seguros Banorte rechazó pagar el total conciliado “con el argumento de que el tope de la póliza era de 3 mil 500 millones de pesos. No estuvimos de acuerdo e iniciamos un litigio para exigir el pago restante. Son aproximadamente 2 mil millones de pesos. Eso es lo que estamos reclamando”.
INDEFENSOS
Cuando los sismos de 2017 ocurrieron, la póliza NCGL-070-1000391-0 contratada por el INAH con Seguros Banorte estaba vigente.
Gracias a eso se pudo hacer frente a la catástrofe. La aseguradora pagó a cientos de empresas, elegidas y aprobadas por el instituto, alrededor de 3 mil 500 millones de pesos, lo que permitió poner en marcha la restauración de al menos mil inmuebles, así como de las pinturas, esculturas y retablos que algunos de estos edificios albergaban.
A las 12:00 horas del 7 de abril de 2018 venció el seguro entonces vigente. A partir de entonces las autoridades del INAH contrataron pólizas mucho más limitadas. Incluían daños por incendio, robo o fenómenos hidrometeorológicos, pero no terremotos ni erupciones volcánicas, según copias de esos documentos obtenidos a través de solicitudes de información.
Así que los 110 mil monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX; las pinturas, esculturas, órganos, mobiliario y otros bienes que albergan; las más de 29 mil zonas arqueológicas del país, así como los fondos documentales, códices y otros inmuebles que el INAH resguarda, quedaron desprotegidos en caso de terremoto.
La decisión del gobierno se justificó por razones presupuestarias. “Las aseguradoras se fueron a las nubes con los precios de las pólizas contra sismos, que equivalen al presupuesto que el INAH ejerce en un año (poco más de 3 mil millones de pesos anuales)”, precisa Arturo Balandrano.
Un año después, se tomó otra decisión marcada por cuestiones presupuestarias. Si había que cubrir los riesgos, pues que la prima costara menos y que, en todo caso, se hiciera con la aseguradora del gobierno.
A partir de junio de 2019 el INAH contrató una póliza con Agroasemex, la empresa pública especializada en atender al sector agropecuario, cuya misión es “proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector rural”.
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Quinto Elemento Lab es una organización periodística independiente, sin fines de lucro, que alienta y realiza reportajes de investigación en México. Para ver la serie completa de “Patrimonio en ruinas” puedes visitar https://quintoelab.org/patrimonio-en-ruinas
