Ante la denuncia de que en Oaxaca podría bajar el precio de la tortilla si no intervienen las organizaciones sindicales como CATEM y CTM que imponen tarifas a los industriales de la masa y la tortilla para poder sacar y vender sus productos, se espera acciones enérgicas y contundentes por parte de las autoridades para aplicar la ley y evitar que la delincuencia siga cobrando derecho de piso a todos ellos en diferentes municipios del estado.
La denuncia la hizo el propio gobernador Salomón Jara Cruz quien asumió la responsabilidad de enfrentar a estas organizaciones para que no perjudiquen a los empresarios, pero también a los consumidores oaxaqueños, pues a pesar de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realiza inspecciones para evitar alzas de precios y dar kilos completos, se encuentran imposibilitadas de dar respuesta a esta situación.
El compromiso es desterrar esta práctica y con ello dejar el precedente de que se acabaron los moches, las comisiones, el hurto al pueblo, pues ignorarlo será otorgar total impunidad para que continúen con estas ilícitas actividades en franco perjuicio de los ciudadanos.
En Oaxaca debe existir un cambio de fondo, debe darse una transformación, un cambio que nos permita avanzar hacia el desarrollo de todas las regiones y no continuar con prácticas que solo ahuyentan la inversión y retrasan el desarrollo.
Es hora de acabar con tanta agresividad que solo genera más irritación ciudadana por la impunidad con que se pasean, porque la debilidad de un estado de Derecho que proteja la integridad física de las personas y de los bienes genera un ambiente poco propicio para la inversión y el comercio, lo que impacta negativamente la formación de capital, la competitividad de las empresas y la generación de empleos productivos.
Pero, sobre todo, deteriora la vida cotidiana de las personas que día a día ven disminuir la aplicación estricta de la ley en contra de quienes alientan actos delictivos, de quienes día a día deben de realizar su mejor esfuerzo para salir adelante, de todos aquellos que arriesgan sus capitales para crear empresas, comercios, fuentes de empleo.
Abatir desigualdad
La desigualdad territorial y la discriminación de grupos enteros de la población que comparten alguna característica, sigue vigente en nuestro país pero en especial en nuestra entidad. A todos ellos agobia la desigualdad sustentada en la discriminación cultural, lingüística, étnica, de género, de orientación sexual, de personas con capacidades diferentes y discriminación, con base en religión y en creencias.
No es solo un fenómeno que esté relacionado con la cantidad de dinero que pueda generar un individuo en comparación con otro, también identifican las diferencias entre regiones y grupos. De ahí el gran reto que enfrentan las autoridades estatales y federales para transformar las actuales condiciones de marginación de los más de un millón 719 mil indígenas en Oaxaca en términos de infraestructura, salud y educación.
Si hay un grupo de población que carece de acceso a servicios educativos de calidad es el de los pueblos indígenas, ésta se ve afectada en mayor medida en sus derechos educativos que la no indígena. El acceso de la población indígena a la educación es limitado, por la convergencia de factores culturales, pautas de organización regional y procesos históricos que imprimen desigualdades y diferencias en la asistencia a la escuela de niñas y niños.
Otro serio problema es la salud de las mujeres indígenas que se agudiza por la desnutrición y el trabajo físico excesivo e inclusive la violencia familiar, así como por su limitado o nulo acceso a los servicios médicos. Si bien la mortalidad materna es evitable si las mujeres gozan de una buena atención prenatal, durante el parto y el puerperio, en las comunidades indígenas tiene una alta prevalencia.
Las condiciones de precariedad de la población indígena se han mantenido superiores a los de la población no indígena a través del tiempo, ya que las políticas públicas no han conseguido disminuir las brechas históricas entre ambas poblaciones.
