Representantes de asociaciones civiles consideran que la fabricación de culpables de diversos delitos que se cometen en Oaxaca, es un patrón de actuación que utilizan las instancias de procuración de justicia para simular sus labores y los más afectados son las personas indígenas y las mujeres.
Hay una política de estado de las instituciones que ante un determinado hecho delictivo tienen que dar respuesta y el dar respuesta implica iniciar un procedimiento legal en donde tiene que haber un responsable o un culpable, y en aras de dar respuesta y hacer aparentar que están aplicando justicia, pues agarran al que está a la mano para fincarles responsabilidades que normalmente son personas que no tienen posibilidades de defenderse”, destacó Gerardo Martínez Ortega, coordinador jurídico y de Litigio del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A. C. (CEPIADET).
Expuso que la mayoría de las personas afectadas son regularmente mujeres, indígenas o “alguien que está en una situación que le va impedir o no va poder defenderse, entonces cuando detienen a alguien por algún homicidio que es el delito que normalmente ocurre y que hemos atendido, el estado simula aplicar la justicia”.
En los últimos años, CEPIADET ha defendido y asesorado a cuatro oaxaqueños y oaxaqueñas que fueron encarceladas de manera injusta en los penales estatales, de los cuales tres fueron por homicidios y una por delincuencia organizada.
De los tres asuntos de homicidios, en dos hubo sentencia absolutoria, pero después de 10 años, en otro ordenaron la libertad después de que se dieron cuenta que había irregularidades en el proceso, pero esa es la política de estado para aparentar que están aplicando justicia, sometiendo a quien sea a un procedimiento para justificar que están trabajando, agarran a quienes tienen menos posibilidad de defenderse y eso garantiza de que el asunto no se les va caer y van a tener a alguien en la cárcel”.
Gerardo Martínez detalló que el estado se ve en problemas cuando las personas empiezan a defenderse, “hemos detectado que esto ocurre en casos de homicidios en su mayoría, pero también hay otros casos como en desapariciones forzadas, delincuencia organizada y otros delitos”.
Aunque en la entidad oaxaqueña no existen datos específicos de estos casos de fabricación de culpables, los que se han detectado tienen los mismos patrones de actuación por parte de las autoridades, “los procesan sin que se les informe de qué se les acusa, los procesos de trámite de juzgamiento en el asunto de ellos duran años y terminan ni siquiera con una petición de ellos”.
Ni perdón, ni reparación del daño
El coordinador jurídico y de Litigio de CEPIADET explicó que el último caso que representaron fue el de Virginia, una indígena mazateca que había sido acusada de homicidio, en un caso que jamás intervino, pero a cambio fue violentada.
El juez ordenó su liberación porque se le dictó una sentencia absolutoria y una vez que se comprobó su inocencia, los encargados del penal de Tanivet, lo que hicieron fue cumplir con la orden y ahí afuera del penal la dejaron a su suerte, entonces si no es porque intervenimos, vamos por ella y la llevamos a su comunidad, se hubiese quedado a su suerte afuera del penal”.
Por ello, dijo que las personas que obtienen eventualmente su libertad quedan abandonadas a su suerte.
Hay una especie de doble abandono por parte del Estado, los tienen abandonados en sus procesos y una vez que obtienen su libertad, los vuelven a abandonar.
Si pusiéramos un porcentaje de casos, es una mínima parte de las personas indígenas que llegan a ser responsables de lo que se les acusa, aunque llegaran a ser responsables de determinado hecho, tampoco se les juzga con los parámetros que el Estado tiene que aplicar que es que tener un defensor o un intérprete.
No hay una reparación del daño que debería de existir, pero no hay, lo que hay son trámites engorrosos para tratar de lograrlo y mejor cuando las víctimas terminan sus procesos ya no quieren saber nada del sistema”, apuntó.
