Desde hace tiempo, la entidad ha vivido una espiral de violencia en uno de los rubros más socorridos para encubrir las actividades criminales: el transporte. En este espacio hemos insistido en que, el gobierno estatal debe leerle la cartilla de cumplimiento a la ley a sus dirigentes, los mismos que se asumen haber creado otro Estado dentro de otro y hacer gala de impunidad. He ahí el por qué desde el gobierno de Alejandro Murat se pasean rodeados de guaruras, armados, en camionetas blindadas y haciendo alarde de poderío. Casos de agresiones a la ciudadanía ha habido muchos. Gracias a ello, hay dos o tres que libran procesos penales, eso fue cuando cayeron de la gracia del poder en turno. Pero esta situación generó en el resto exceso de confianza y mayor empoderamiento. Durante los últimos años se han documentado al menos una veintena de crímenes ligados a la disputa por los contratos de acarreo de materiales o por obras tanto públicas como privadas.
Y es que, fuera de toda legalidad, han sido caciques de horca y cuchillo. La semana anterior, aunque fue desmentido por la Secretaría de Movilidad, transportistas golpeadores pertenecientes presuntamente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), destruyeron unidades de transporte, seguramente pertenecientes a otra confederación en San Pedro Pochutla. Los videos y fotografías evidencian la brutalidad. ¿Quién protege a los líderes y bajo qué compromisos? Es una buena pregunta. Pero el método utilizado, el de la brutalidad, se repite en otros escenarios como en las obras del rompeolas que se edifica en Salina Cruz o en los trabajos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), por el control de dichas obras.
El poder que muestran, no es nada nuevo, pero hay opiniones que los vinculan con la delincuencia organizada. No es fortuito que el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador los haya calificado de “sindicatos mafiosos”. Ya es común tanto en la zona istmeña como en la Mixteca o los Valles Centrales ver flotillas de camiones de volteo cerrar carreteras o calles, cuando quieren presionar al gobierno para conseguir, a través del chantaje y la violencia, contratos o concesiones de transporte. Por ello, insistimos, el gobierno de la Primavera Oaxaqueña debe ponerles un alto, antes de que se conviertan en un verdadero acicate permanente que amenace la gobernabilidad.
Aplicar garantías y seguros
Hace unos días en este mismo espacio editorial mencionamos el mal precedente social que representa el hecho de mantener las obras de Símbolos Patrios o el llamado Circuito Interior, como monumentos a la corrupción, sin que hasta el momento el gobierno de Salomón Jara haya intervenido en las mismas. Es decir, prevalecen como resabios de una mala administración; de servidores públicos que cometieron delitos de lesa humanidad al robarle a los pobres, al hacer un uso indebido de los recursos públicos que se pusieron en sus manos. Anticipamos que sería políticamente más rentable para la actual administración y su proyecto de gobierno, corregir los desperfectos y terminarlas para entregarlas al pueblo oaxaqueño, pero dignamente no con demagogia.
En torno a ello, en entrevista con los representantes de los medios de comunicación, el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Comunicaciones (SINFRA), Netzahualcóyotl Salvatierra López, sostuvo que, al menos en la obra denominada Circuito Interior, el gobierno no cuenta con los recursos para mejorar el deterioro que ya muestra. Y hay que recordar que aún antes de que concluyera el gobierno de Alejandro Murat, en las páginas de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, publicamos fotografías de los hundimientos y desperfectos que presentaba. Pese a ello, dicha obra, mal terminada, malhecha, fue entregada con bombo y platillo al pueblo oaxaqueño, en la misma tesitura que la ya citada de Símbolos Patrios. Todo ello fue una burla para la ciudadanía, pues los funcionarios responsables, algunos bajo proceso y otros en la mira de los órganos de justicia, sabían que era un fraude completo.
En la entrevista citada, Salvatierra López aseguró que se requieren al menos 29 millones de pesos para corregir desperfectos en una de ellas. Al respecto, constructores y contratistas afirman que existen seguros y cada empresa para contratar una obra debe cubrir una especie de garantía llamada “de vicios ocultos” que debe aplicarse cuando el cliente no ha quedado satisfecho con el trabajo realizado o, por diversas circunstancias éste muestra fallas, producto de un mal proyecto o el uso de materiales de baja calidad. Además, es de todos conocido, en obras contratadas por los gobiernos en sus tres niveles, exigen el depósito de fianzas. Es decir, la actual administración debe apelar a las mismas para que las empresas fraudulentas que no cumplieron, terminen la obra. Se sabe que también hay medidas punitivas.
