Desde el pasado sábado 22 de julio, cuando en una acción sin precedentes la mayoría de diputados y diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), asestó un albazo o madruguete legislativo, con el cual desapareció en al menos 14 minutos el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAO), para sustituirlo por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, el gobierno de la Primavera Oaxaqueña y el gobernador Salomón Jara han recibido una andanada de críticas y señalamientos de medios impresos, columnas y portales electrónicos. Desde la madrugada de dicha fecha empezó a circular la versión de que se había convocado a una sesión extraordinaria, de manera virtual, para aprobar la reforma constitucional sobre dicho tema. Llama la atención que al menos de parte del coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Luis Alfonso Silva Romo, no haya cabido la prudencia para cuidar las formas legislativas y evitar un nuevo revés de parte de la máxima autoridad jurisdiccional en el país.
Los medios se han volcado en señalamientos hacia el ejecutivo estatal, quien subrayó el pasado martes que, de acuerdo con información del propio tribunal, en el año 2020, en promedio, una sala del extinto órgano dictaba dos o cuatro sentencias al mes, por lo que “no era ya entendible ni justificable su improductividad”. “Todo mundo sabía que el antiguo Tribunal era un monumento a la corrupción, a los excesos y a la justicia al mejor postor”, afirmó, al tiempo de agregar que durante los últimos dos gobiernos hubo lentitud, opacidad y complicidad, y en los primeros meses de su administración solo se resolvieron 20 juicios en los que el estado perdió 500 millones de pesos. Aunado a ello, Jara Cruz señaló que el número de magistraturas era desmesurado comparado con otros estados del país, ya que estaba conformado por 12 integrantes, comparado con otros estados como Nuevo León o Michoacán.
Puede que, en todo ello, el gobernador tenga razón, pues desde el inicio de su gobierno ha tenido atravesado al extinto TJAO. Sin embargo, no podemos ignorar que el éxito o fracaso de dicha reforma tiene que ver con la falta de discusión y análisis del caso por parte de las fracciones minoritarias, lo que significa que el madruguete falta totalmente a las formas convencionales de la democracia parlamentaria y puede hacer naufragar al nuevo órgano.
La necesaria coordinación
El pasado 18 de julio, en calles del Centro Histórico, mientras las autoridades estatales ponderaban el saldo blanco de la presentación de La Guelaguetza, el homicidio de un turista de origen oaxaqueño y Notario Público en Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México, ensombreció las buenas cuentas. La víctima fue asesinada con arma blanca por dos sujetos, los cuales fueron video-grabados en plena acción por cámaras ubicadas en casas particulares. Si bien en un principio se dijo que la principal línea de investigación era la venganza personal, datos obtenidos posteriormente reconocen que fue un ataque directo y premeditado. Por fortuna, los sabuesos de la Fiscalía General del Estado (FGEO), trabajaron sobre fuentes confiables, de tal suerte que, al conocerse que los autores habían huido de la escena del crimen en una cami0neta, ésta fue detectada en uno de los arcos de seguridad que se ubican en el municipio de Santa Lucía del Camino.
Esta situación permitió ubicar el vehículo y, en una acción rápida, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), realizaron un operativo en la población de Asunción Ixtaltepec, en donde fueron detenidos los dos presuntos autores materiales del homicidio del turista y notario. Posteriormente cayó un tercero. Los tres están vinculados a proceso. Lo anterior revela algo que en materia de seguridad es un buen elemento para dar buenos resultados: la coordinación entre las corporaciones policiales, castrenses y civiles de los diversos órdenes de gobierno. Otro de los factores que inciden en los resultados favorables es la inversión pública en los mecanismos de video-vigilancia tanto en la capital, como en el área conurbada, así como en las principales poblaciones, carreteras y sitios claves que permitan ubicar a quienes delinquen.
Se espera que la citada coordinación siga prevaleciendo, habida cuenta que, si bien es cierto que en el gobierno se sigue insistiendo en que Oaxaca es de las entidades más seguras del país, hechos como el que describimos al principio deja mucho que desear. Además, si se trata de la capital oaxaqueña, ya lo hemos dicho, 8 de cada 10 ciudadanos ha manifestado sentirse inseguro, ubicando a los cajeros automáticos de los bancos, el transporte público y las calles como los sitios de mayor incidencia delictiva. Para saber cómo andan las cosas en el interior del estado, sólo basta leer nuestra Sección Policiaca para darnos cuenta de que el mito de la entidad segura es sólo eso, un mito.
