La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acordó emprender un paro indefinido de labores a partir del 1 de septiembre para que las autoridades federales y estatales respondan a la totalidad de su pliego petitorio entregado en mayo. Aunque se reservó su derecho de boicotear las fiestas de Guelaguetza si los acuerdos ya tomados en las mesas con ambas autoridades no se concretan.
Este domingo, la Asamblea Permanente recordó que ya en junio se valoró que los “resultados obtenidos fueron mínimos” y que en el encuentro sostenido desde la tarde del sábado hasta la madrugada de este domingo se analizaron los resultados de la consulta hecha a las bases.
Ante esto, la Asamblea llamó a la unidad de este movimiento con “más de 43 años” y de más de 80 mil maestras y maestros activos, así como los más de 20 mil jubilados y pensionados.
Estaremos atentos al llamado que pueda haber en el marco de la Guelaguetza”, dijo la secretaria general, Yenny Aracely Pérez, para que se atiendan “las demandas y acuerdos que se han tomado en las mesas con el Gobierno de Estado y el federal”.
La Asamblea Estatal clausuró a las 2:03 horas del 9 de julio y en ella la representante recordó que la movilización iniciada en mayo, luego de varios años sin protestas, tuvo paros escalonados de 24, 48 y 72 horas, tanto en el plano estatal como en el nacional.
Se llevaron a cabo mesas con los gobiernos estatal y federal, retomando demandas puntuales, demandas administrativas, de justicia y de seguridad social y la demanda para que exista una nueva ley estatal de educación con el reconocimiento de nuestro PTEO y desde luego seguir remarcando que exigimos la abrogación del decreto del 2015” (la llamada reforma educativa).
Durante las mesas se obtuvieron resultados y respuestas por parte de los gobiernos estatal y federal, mismas que se bajaron hacia las bases y tras ello hubo una consulta, explicó la secretaria general.
Entre las demandas del pliego entregado el gobierno federal y el estatal, la Sección 22 explica que una de las centrales es la abrogación de “la actual Reforma Educativa Peña-AMLO y sus leyes secundarias, en particular la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM)”.
Asimismo, la abrogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 2007, la vigencia de la Dirección General de Educación Indígena Intercultural Bilingüe dentro de la Secretaría de Educación Pública y cancelación de la propuesta del ejecutivo federal. El incremento salarial del 100 por ciento para las y los trabajadores de la educación de la Sección 22 es otra de esas demandas.
