Cimbró a la opinión pública oaxaqueña el brutal accidente ocurrido en un solitario paraje de la Mixteca oaxaqueña, a escasa distancia de la población de Santiago Yosondúa, el pasado miércoles 5 de julio, en donde fallecieron al menos 30 personas. Se trata de una unidad de la línea “Autobuses Turísticos Yosondúa”, que salió de la ciudad de México un día antes por la noche y, antes de que amaneciera al día siguiente, por error humano o falla mecánica se desbarrancó, generando uno de los accidentes carreteros más graves de que tengamos memoria. El siniestro ocurrió en jurisdicción de Magdalena Peñasco. Según vecinos de otras comunidades no es la primera vez que ocurren incidentes, aunque no tan graves de esta línea de autobuses. Y es que no se sabe quién verifica el estado físico de las unidades ni las condiciones en las que operan los conductores.
En los últimos años han crecido como la peste las líneas de autobuses piratas que con el ardid de reducir los costos, operan sin las condiciones mínimas de seguridad, con unidades destartaladas, con operadores que carecen de licencia para conducir en carreteras federales y, lo peor, sin que los pasajeros tengan el seguro del viajero. Pioneros en este tipo de transporte fueron los dirigentes del Cártel 22 que, para que sus agremiados participaran en las marchas o plantones en la capital del país, arrendaban autobuses viejos, con un costo en el pasaje por debajo de la mitad de lo que cobraban las líneas comerciales. Como el negocio les fue redituable, no fueron pocos los dirigentes que tenían su propia flotilla de unidades y cuyos boletos se vendían abiertamente en la esquina en donde la S-22 tiene sus oficinas seccionales. Ninguna autoridad se atrevía a meter orden, pues luego tenían encima la amenaza de paros locos, bloqueos o plantones.,
Pese a tratarse seguramente de un asunto que compete a las autoridades federales, no está por demás que la Secretaría de Movilidad (Semovi), de acuerdo a las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo lleve a cabo revisiones periódicas del estado de las unidades que operan casi en la clandestinidad. La tragedia de Magdalena Peñasco es algo que debe llamar la atención de las autoridades y, en la medida de lo posible, meter orden en el rubro del transporte que circula en la entidad. La muerte de una treintena de personas, entre ellas niños, no debe quedar al arbitrio de las circunstancias.
Funcionarios sin vocación
El pasado 1 de julio se cumplieron los 7 primeros meses del gobierno de Salomón Jara. El ejecutivo rindió un informe en donde reiteró que los oaxaqueños no estamos condenados a la pobreza y que su compromiso es atender con prioridad a los sectores más vulnerables. Si bien es cierto que apenas rebasamos el medio año, sería prudente de parte del ejecutivo estatal hacer una revisión del desempeño de cada uno de sus colaboradores. Hay funcionarios que se han caracterizado por el desconocimiento de la dependencia o área que tienen asignada; otros por su insensibilidad para tratar a la ciudadanía. Es decir, que parecen caminar en sentido contrario a las directrices que les marca el ejecutivo estatal. Hay un caso que de manera oportuna difundieron las redes sociales y otras plataformas de información. Y es la queja de campesinos de Santa Catalina Mixtepec, a quienes les ofrecieron dos bultos de fertilizante, pero para su entrega, tenían que venir a recogerlo a las instalaciones de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural (Sedafer).
Pero no es el único caso en que las quejas sobre el titular, Víctor López Leyva afloran y se difunden profusamente. Al inicio de esta semana circuló información sobre vecinos de Guadalupe, Etla, a quienes les habían ofrecido 20 kilos de maíz mejorado, sin embargo, sólo recibieron 12.5 kilos de maíz híbrido. Ello implica que, tal parece que no existe palabra o la que empeña el ejecutivo estatal a los funcionarios responsables no les importa. Lo hemos dicho hasta el cansancio: el servicio público requiere de experiencia, pero, sobre todo, de vocación. En el caso del servidor público señalado, se trata de dos quejas que, por su importancia, debe darle seguimiento la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. El hecho de engañar a modestos campesinos va en sentido contrario a la filosofía que enarbola el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el mismo presidente de México: no robar, no mentir, no traicionar.
El ejecutivo estatal debe llamar severamente la atención a quienes de esta forma burda no cumplen con la tarea. Si partimos de la premisa de que este gobierno es diferente, todo apunta a que se siguen aplicando las mismas formas de soberbia y desprecio por los pobres y campesinos como en los peores tiempos de los regímenes neoliberales. Ante más quejas debe intervenir la dependencia respectiva sin mayor dilación.
