El pasado 15 de junio, la muerte volvió a territorio triqui. Dos maestras y agentes de pastoral fueron asesinadas. Viajaban en un vehículo de la Agencia Estatal de Investigaciones. Gertrudis y Licerina de anotan a la larga lista de crímenes en dicha etnia. Entre los grupos que se disputan la supremacía, no hay visión de género ni nada parecido. Se ejecutan por igual, mujeres que hombres, ancianos que niñas. El lunes 19, en protesta por estos hechos criminales, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui –MULT- bloqueó diversos puntos carreteros del estado. Y señaló como presunto autor del crimen, a su adversario más enconado: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente –MULTI-. Entre ambos, le ha quedado claro a la sociedad y al gobierno federal y estatal, no hay más camino que la violencia y la muerte.
De los acuerdos que se propuso el ex gobernador Alejandro Murat, con el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, todos abortaron. De los que se han perfilado en la administración de Salomón Jara, han llevado el mismo camino. Cuando se avizora alguna ruta para alcanzar la paz o un pacto de civilidad, hay un crimen que lo ensombrece. Es evidente pues, no hay ni voluntad ni deseo sano de terminar con esta carrera criminal en el mismo grupo étnico. Desde los años setentas del Siglo XX, cuando se obligó al gobierno a que el Ejército Mexicano saliera de la zona, la mal llamada Nación triqui se convirtió en una tierra de nadie. Hay miedo para las autoridades a intervenir y detener este baño de sangre; para instrumentar una campaña de desarme. Se configura el exterminio interétnico, que se traduce en desplazamiento forzado de familias que, de inmediato se asumen desplazadas.
Pero, ¿por qué éste y los anteriores gobiernos han visto con tanta indulgencia los crímenes y más crímenes que se cometen entre los triquis? ¿Por qué alentar el clima de impunidad y que a un asesinato siga la venganza en un cuento de nunca acabar? Porque no hay el menor interés en ir por los sicarios que una u otras organizaciones tienen, para infundir el temor entre los indígenas. Porque la ley aquí es una falacia. Y cualquier hecho criminal se quiere encubrir con las sobadas mesas de diálogo. Podemos asegurar que en la medida en que se lea la cartilla a los dirigentes y se vaya a las montañas de Yosoyuxi, La Sabana, los Copala y otros pueblos de Juxtlahuaca, donde se esconden los criminales para llevarlos al penal, si esta guerra no termina, al menos entrará en un impasse de tregua y tranquilidad.
El negocio por delante
Ha quedado claro que el comercio en la vía pública; el crecimiento en la economía informal; la invasión de espacios públicos y de sitios emblemáticos de nuestro Centro Histórico, no es cuestión de compromiso político o de responder a las exigencias ciudadanas, sino el gran negocio que representa para funcionarios y concejales del ayuntamiento. Obvio, acotarlo o regularlo implicaría, así literal, matar a la gallina de los huevos de oro. Al hecho de querer convertir a la capital en un gigantesco congal, de antros por aquí y cantinas violentas por allá, lo justifican con una falacia: somos una ciudad turística. Sin pecar de falso moralismo: el visitante del país o el extranjero no viene sólo a emborracharse. Pero en lo que va de esta administración se estiman en más de 280 licencias y permisos para venta de bebidas alcohólicas. En la temporada vacacional de Semana Santa se autorizaron centenas de permisos para puestos en la llamada feria artesanal, pero lo que ingresó a la Tesorería municipal fue una bicoca.
Recién se autorizaron 303 permisos a puestos presuntamente artesanales, para los festejos de julio. Y el Cabildo aprueba sin reparar en los derechos ciudadanos. No tarda en que se autorice la Feria del Antojo, a realizarse en el Paseo Juárez El Llano, en franco reto a los grupos que afirman que uno de nuestros sitios más emblemáticos y pulmón natural, ha ido en franco deterioro por la pérdida de su arbolado o por la apatía del gobierno local. Es más, hasta se había convertido en fumadero de mota. Pero no se invierte un peso para reparar la fuente o la cantera dañada. Hace poco fueron vinculados a proceso dos funcionarios menores, señalados de haber sido los que orquestaron el saqueo al encierro “Primavera”. Más de 700 unidades fueron extraídas y enajenadas de manera ilegal. Un hecho inédito, del que los eslabones más débiles de una cadena de complicidades son consignados para encubrir a los verdaderos artífices de este despojo oficial.
Todo ello, ante la apatía del órgano de Control Interno que tal parece que está ahí de aparato. El gobierno de la ciudad no sólo no informa ni comunica, sino que tal parece que todo deviene en la más absoluta discrecionalidad y opacidad. En año y medio de gestión ha sido calificado como uno de los peores gobiernos locales en el país. Y la capital cada vez peor. Sin obras y con la basura contaminando nuestro principal afluente. Aún hay tiempo de enmendar el rumbo, si no quiere pasar a la historia como la peor administración de la historia.
