Es motivo de sorpresa cómo ha ido creciendo el nivel de criminalidad en Oaxaca, de tal suerte que hoy nos ubican a nivel nacional, como una de las entidades con mayor número de homicidios dolosos en el país. En los seis meses que lleva la actual administración se han contabilizado más de trescientos homicidios, la mayoría ejecuciones y por arma de fuego, además de otros ilícitos como asaltos a mano armada, secuestros e intentos de homicidio. La semana pasada, por ejemplo, el jurisdicción de la comunidad de La Lobera, municipio de San Miguel Peras, distrito de Zaachila, un grupo de hombres armados asaltó a las patrullas que resguardaban más de un millón de pesos del programa “Prospera”, que se había de entregar en la primera comunidad. Menos de 24 horas después, el presidente municipal de Asunción Ixtaltepec, Óscar Toral, fue objeto de un atentado criminal, en donde resultó con heridas de consideración en tanto que un miembro de su escolta falleció con al menos cuatro impactos en la cabeza. El jueves por la tarde, mientras se cuantificaban los daños ocasionados por la tormenta tropical “Beatriz”, trascendió la noticia de que los cadáveres de tres personas jóvenes, del sexo masculino, habían sido encontrados en un canal, en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.
El sábado al mediodía corrió como reguero de pólvora, la noticia de que en jurisdicción de San Juan Mixtepec, distrito de Juxtlahuaca, había ocurrido una masacre: cinco personas fueron emboscadas por desconocidos. Todas mujeres, las cuales fueron incineradas. Ayer lunes se encontró una cabeza de mujer en la Colonia Reforma Agraria, Xoxocotlán y trascendió el asesinato de cuatro personas en Tututepec. Si bien se desconocen los móviles, hay algunos en donde es evidente el sello de las organizaciones criminales como es el caso de los ejecutados en Tuxtepec que, sabemos todos, se ha convertido en los últimos dos años, en un matadero de bandas dedicadas al narcotráfico y otros delitos. Hechos como los antes señalados nos han ubicado ya como una de las entidades del país más inseguras, cuestión con la que regímenes anteriores se llenaban la boca en los discursos, sino lamentablemente, en una de las más inseguras y en donde el crimen permea. Se han dado casos en que en menos de 24 horas se cometen de tres a seis ejecuciones. Comunidades que antes eran remansos de paz y de tranquilidad, han devenido en escasos dos o tres meses, escenarios de crímenes múltiples, como es el caso de Chahuites, comunidad limítrofe con Chiapas. Sin embargo, tenemos que lamentar que no se sepa de acciones enérgicas de Estado para erradicar este clima de violencia.
Dirigentes impunes
En una afrenta a toda convivencia civilizada, grupos ligados al Frente Popular Revolucionario “14 de junio”, por un lado y vecinos de la Colonia Vicente Guerrero y de otras aledañas, durante al menos tres días, los protagonistas de bloqueos carreteros, quema de unidades, secuestro de autobuses y otros. Y ayer, realizaron una marcha masiva. Lo han hecho no en uso de la libre manifestación de las ideas, sino con el insano propósito de fastidiar a la ciudadanía y convencer al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, que son inocentes de las acusaciones que se hacen mutuamente y que, al menos la organización que manipula Francisco Martínez Sánchez y su hijo, Francisco Javier Martínez, tiene patente de corso para hacer lo que le plazca, habida cuenta de su carácter de intocables. Muchos nos preguntamos: ¿qué se esconde detrás de esa inusual y aberrante protección a lo que hacen sus vándalos y porros, cebados ya en la violencia y el enfrentamiento? Ciertamente es sospechoso que las autoridades ni políticas ni policiales intervengan como compete en toda entidad en donde prevalece el Estado de Derecho.
En los seis meses que lleva la actual administración no hemos visto una sola acción, ni contra el magisterio, ni contra organizaciones sociales, menos en contra de sindicatos del transporte, por acciones inclusive criminales. La impunidad es un insulto a la sociedad; la violencia incubada por los referidos actores, simplemente no tiene castigo. Tal parece que dichos grupos y organizaciones se rigen por une estatuto diferente al resto de la sociedad y que, en lugar de aplicarles la ley, simplemente se les dan alas para que sigan cometiendo una serie de atropellos, como es el hecho de cerrar el crucero de la Carretera 175, con el daño colateral a miles y miles de ciudadanos.
Y no referimos tanto al Frente Popular “14 de junio” como a los vecinos y dirigentes de las colonias que en protesta, actuaron de manera similar. Está por demás insistir en que Oaxaca jamás podrá salir del marasmo y el atraso en que se encuentra actualmente, en tanto se siga permitiendo que por cuestiones domésticas se sigan cerrando carreteras o que la ciudad esté paralizada por intereses mezquinos y personales. El gobierno, sin miedo al escándalo o a la descalificación mediática, debe actuar sin miramiento alguno. No más bloqueos, no más afrentas a la ciudadanía, no más agravios al pueblo oaxaqueño.
