Casos como los de Paola, la menor de edad a quien se le negó el acceso la escuela por estereotipos de género, la falta de acceso al agua en San Pedro y San Pablo Ayutla desde junio de 2017 o las varias mujeres víctimas de violencia y de la falta de información o del acceso al aborto, son solo algunas de las violaciones perpetradas por el estado, coincidieron organizaciones de la sociedad civil.
Ante estas reiteradas y sistemáticas violaciones a las garantías, las organizaciones crearon la Agenda de Derechos Humanos, que presentaron este lunes en la ciudad de Oaxaca y llevarán a los tres poderes del estado y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
El documento fue creado por la Plataforma de Derechos Humanos, que a su vez integran cerca de 20 organizaciones civiles, se basó en los casos que han acompañado en sectores de la población como mujeres, niñas, niños, adolescentes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad y a integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+”.
Y en los que detectaron que las principales problemáticas que propician las violaciones a los derechos humanos están la impunidad, la violencia institucional, la inseguridad, la salud y el medio ambiente. Además de que con la falta de justicia las instituciones contribuyen a la revictimización de la población.
Queremos que se pueda trabajar coordinadamente entre gobierno, sociedad civil y comunidad”, externaron integrantes de algunas de las organizaciones que presentaron el documento, quienes a la par de identificar las problemáticas enlistaron decenas de recomendaciones urgentes para que los tres poderes del estado garanticen los derechos humanos.
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Entre estas recomendaciones están el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres ante la violencia que impera en el estado y por lo cual incluso existe una Alerta de Violencia de Género desde 2018 en gran parte del territorio.
El “dejar de utilizar en el discurso institucional el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas para validar o aprobar proyectos de interés de los gobiernos federal, estatal y municipal que afecte la tierra, territorio y los bienes naturales de las comunidades indígenas”.
Políticas públicas que garanticen la eficacia de las leyes, garantizar el acceso a los servicios de salud para un ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, fueron otras de las recomendaciones.
Asimismo, la desnaturalización de la violencia y desigualdad desde las edades más tempranas en todos los niveles de la administración, libre acceso al desarrollo de la personalidad y la penalización de los delitos que la policía cometa contra la población LGBTTIQ+.
