Ya hemos comentado en este mismo espacio editorial respecto a la soterrada obsesión del magisterio oaxaqueño, afiliado a lo que ha sido llamado el Cártel 22, de victimizarse y celebrar por todo, a sus supuestos mártires. Ello es motivo de suspensión de clases y cumplir religiosamente no con el calendario escolar, sino con el cívico para celebrar fechas y efemérides que le son propias. Con certeza hoy habrá una nueva marcha o de perdida, un acto en Asunción Nochixtlán, en recuerdo de los “héroes caídos” en la represión que ejerció el Estado el 19 de junio de 2016. Ríos de tinta han corrido para desentrañar la verdadera esencia de dicha acción, en donde al menos ocho personas perdieron la vida en una suerte de fuego cruzado entre las corporaciones policiales estatales y federales y grupos radicales, que también estaban armados, luego de días de haber bloqueado la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan.
Desde un principio fue evidente el manejo político sesgado que se dio al asunto y, como siempre, fue la Sección 22 del SNTE y su apéndice original, el Comité de Víctimas (Covic), que ahí se formó para inclinar la balanza a su favor. Más aún, por la capitalización de ciertos personajes, supuestos defensores de los derechos humanos, que en realidad han sido sus principales violadores, como Flavio Sosa Villavicencio, quienes acudieron a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para denunciar crímenes de lesa humanidad en contra del ex gobernador Gabino Cué, obviamente pagados por los enemigos políticos de éste. Hasta el mismo Fiscal General del Estado, Arturo Peimbert le entró al juego perverso, sin ver el fondo del asunto y la otra cara de la moneda, al magisterio pseudo democrático como agresor e instigador de la violencia.
En el fondo de todo, fue la venganza de los dirigentes del magisterio por el decreto del 20 de julio de 2015, con el cual el ex gobernador le arrancó al Cártel 22, el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), luego de 23 años de estar en una postura ilegal. En efecto, se trató de un acuerdo del ex gobernador Heladio Ramírez, suscrito el 28 de octubre de 1992, unos días antes de entregarle la estafeta gubernamental a su sucesor Diódoro Carrasco, mediante el cual le entregó a la citada Sección 22, los principales cargos y niveles de mando en la dependencia rectora de la política educativa oaxaqueña.
Cártel del Despojo: ¿Y los que faltan?
Esperamos como sociedad, que los dos personajes que han caído por acción de la justicia, como presuntos miembros del Cártel del Despojo, no sean los únicos. Los agravios a centenas de ciudadanos por la acción concertada de notarios pillos, coludidos con ex funcionarios corruptos deben tener como resultado la consignación ante la ley. Por datos disponibles en este diario, hay muchos más casos en los que ciudadanos han perdido sus propiedades por escrituras ilegales y apócrifas extendidas por fedatarios que han hecho de la fe pública un verdadero estercolero. Es decir, los casos conocidos por la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del gobierno de Salomón Jara sólo es la punta del iceberg de un gran fraude en el que han sido afectados cientos de personas, en una labor cuasi criminal concertada, como si operaran en banda delictiva, que las autoridades están obligadas a castigar aplicando la ley.
Hasta la fecha y no porque sólo se atienda el fenómeno mediático, lo que se ha hecho es mínimo para lo que esta caterva de pillos ha hecho en perjuicio de la sociedad. Se han aplaudido las últimas acciones para detener a ex funcionarios que, sin vulnerar su presunción de inocencia, habrían hecho un mal uso de los recursos estatales o de ex servidores públicos que, de forma amañada pretendieron afectar las finanzas estatales. En este mismo espacio editorial, hemos ponderado la cruzada del actual gobierno estatal para sancionar a los corruptos, sin embargo, estamos ciertos de que hace falta mucho por hacer. Por ello, es necesario que se dé cabida a las denuncias que siguen aflorando, para develar la participación de la banda delictiva a que hacemos referencia en el despojo de aquello que por muchos fue construido con sacrificios.
Desde que el tema del Cártel del Despojo se convirtió en un escándalo nacional, afloraron más y más denuncias, equiparando sus acciones a las de delincuencia organizada. En el gobierno de Alejandro Murat hubo una inusual protección a esta banda, lo que podría haber convertido al ex gobernador en protector o cómplice. Sin embargo, lo que ha emprendido el actual gobierno ha despertado simpatía, pues se trata de actuar conforme lo dispone la ley, haciendo cierta la frase célebre del Patricio de Guelatao: “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Nada pues, fuera de la ley, sino todo en el marco de la ley, como compete a todo pueblo civilizado.
