Empecinados en lograr revertir la recuperación del control del Estado sobre la educación, como corresponde al espíritu del Artículo 3º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ir siempre en contra de la ley, el magisterio afiliado al llamado Cártel-22, hizo vivir a la ciudadanía oaxaqueña toda la semana anterior un infierno. Bloqueos carreteros, al crucero del Aeropuerto, en Hacienda Blanca, en la Ciudad Administrativa y otros puntos, a donde desplazó a sus sicarios: alumnos, vándalos y delincuentes que militan en la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), que se dedicaron vilmente al atraco, quemar llantas y bloquear un importante crucero. Pero, ¿cuál fue el motivo para esta movilización y atropellos a los derechos civiles, arma usual “de lucha” de ese cáncer social denominado magisterio? Han exigido que el gobierno de Alejandro Murat firme o decrete el regreso a la “bilateralidad”, es decir, que la Sección 22 vuelva por sus fueros a imponer sus condiciones y funcionarios en el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), como ocurría desde octubre de 1992, una situación irregular y contra Derecho, que se prolongó durante 23 años, hasta julio de 2015, cuando el ex gobernador Gabino Cué fue obligado por la Federación a suscribir un decreto para devolver el control al Estado.
Desde esos días, la dirigencia del Cártel-22 no ha descansado en tratar de devolver, a través del chantaje y soporíferas mesas de negociación a retomar el control. Siempre criticamos que el sindicato fuera a la vez trabajador y patrón, algo nunca visto ni contemplado en ley alguna, simplemente el error de un ex gobernador que no midió las consecuencias a futuro. Y es ese tema el que hoy mantiene a la ciudadanía secuestrada por turbas de fanáticos que a fuerza quieren obtener de nuevo canonjías, como es el hecho de participar en las tareas de reconstrucción de las escuelas afectadas por los sismos y las lluvias del pasado mes de septiembre, lo que les da de antemano, la posibilidad de manejar recursos destinados a dicho propósito. El gobernador Murat Hinojosa tal vez no alcanza a dimensionar la ambición de este magisterio fanático y corrupto, por ello declaró el pasado viernes 27 de octubre, que la famosa “bilateralidad” es trabajar de la mano gobierno/sindicato, cuestión que dista mucho de conocer el verdadero propósito.
¿Justicia expedita o justicia torcida?
Desde el viernes 27 de octubre el Tribunal Superior de Justicia se declaró en receso y sus trabajadores retornan a sus actividades hasta el día seis de noviembre, como si los juicios, las audiciencias y demás burocratismo estuvieran esperando el descanso “obligatorio” de los señores que imparten y venden justicia: jueces y magistrados. Y es que si existe en el país un sistema de impartición de justicia plagado de irregularidades, anomalías, actuaciones contra derecho y otros pecadillos, ése es el nuestro. Esto por supuesto tiene sin cuidado a jueces como Armando Lustre Núñez, ampliamente conocido como corrupto, ventajosos y rapaz, que sábado por la madrugada, a la 1:30, en día inhábil y sabido de que el TSJ retorna a actvidades hasta el día sea del mes siguiente, otorgó libertad a una interna del penal de Tanivet, Tlacolula, acusada de homicidio calificado en perjuicio de una joven de 26 años a quien, en complicidad de sus hermanos y cuñada, arrojó de un sexto piso en los multifamiliares de Punta Vizcaya, en El Rosario. El juez citado, acusado ya varias veces de irregularidades y venta de justicia al mejor postor, es ampliamente conocido, pero en esta ocasión está violentado en debido proceso ya que no notificó del auto de libertad al Ministerio Público como representante de la Fiscalía General del Estado.
El sistema de justicia en Oaxaca ha caído en profundo bache, empezando desde la cabeza del Poder Judicial en donde algunos juristas han acusado inconstitucionalidad. La pretensión de desaparecer el Consejo de la Judicatura con el peregrino argumento de que era rescoldo de la pasada administración fracasó, pero eran las intenciones de quienes ahora se han incrustado ahí con el perverso propósito de politizar aún más la ley. Los hechos hablan por sí solos. No hay peor hacedor de atrocidades que jueces venales y corruptos que seguramente hoy gozarán de impunidad porque además, sirven al anquilosado y acartonado poder judicial cuyos miembros parecen haber sido sacados del sarcófago. Septuagenarios y vacilantes, como los favoritos del Porfiriato, andan de la seca a la meca dando lástima con juicios permeados por la corrupción y la componenda. En nada, absolutamente en nada contribuyen a que el gobierno de Alejandro Murat, un joven gobernador que quiere hacer las cosas bien, camine por la ruta de la legalidad. Este nuevo –y muy viejo- Poder Judicial viene con todo para romper con las mejores intenciones. Es una lástima.
