Vecinos del municipio de Santiago Textitlán, desde hace días informaron del riesgo de violencia que se ha presentado en las comunidades de “Recibimiento de Cuauhtémoc” y Lachixao, pertenecientes a dicho municipio, por las amenazas que han recibido de vecinos de Santo Domingo Teojomulco, para que el 31 de mayo pasado, estuvieran ya puestas las mojoneras para delimitar el territorio. Sin embargo, en un escrito enviado a las autoridades estatales, federales y de derechos humanos, las autoridades municipales de Textitlán afirman que no existe vecindad con el citado poblado, lo que implica que Teojomulco, caracterizado por la violencia ancestral de la que tienen muy ganada fama, pretende despojarlos de sus tierras. En efecto, sin pretender estigmatizar a nadie, en el gobierno saben de qué están hechos los vecinos de esta población, quienes han venido a la capital del estado a agredir por igual a hombres que mujeres; a funcionarios que a trabajadores.
La Secretaría de Gobierno (Sego) debe tener especial atención con la queja de vecinos de Textitlán. El temor está totalmente justificado, si recordamos la masacre que padecieron justamente el 31 de mayo de 2002, La crónica de dicha fecha refirió que 26 vecinos de Santiago Xochiltepec, perteneciente justamente a Textitlán fueron masacrados en un paraje denominado “Agua Fría”. Las víctimas viajaban en un camión de volteo y provenían de un aserradero ubicado en San Pedro El Alto, cuando el chofer de la unidad fue obligado a voltear la caja. Como iban cayendo fueron acribillados a mansalva. Las fotos de cadáveres desmembrados, deshechos a disparos de armas de alto poder, dieron la vuelta al mundo. Dicho crimen colectivo quedó en la impunidad, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó un informe al respecto. Varios vecinos de la ranchería de Las Huertas de Teojomulco, fueron consignados sin mayores pruebas que sospechas, cuestión que les permitió salir libres.
En aquel entonces, el año de 2002, como hoy, los vecinos de Textitlán habían informado de esta situación al gobierno estatal que, entonces, encabezaba José Murat. Cuando la masacre fue consumada las autoridades de la referida comunidad mostraron los oficios firmados y con el sello de recibido en el gobierno estatal. Todo ello fue publicado, con una gran cobertura fotográfica en EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, con una crónica puntual de uno de sus grandes reporteros, hoy ya desaparecido: Lorenzo Jaime Hernández.
Oídos sordos
Desde diversos foros no sólo nacionales sino, incluso, federaciones internacionales de abogados, se le ha pedido al presidente López Obrador, cese ya el hostigamiento y las descalificaciones en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), particularmente, en contra de la presidenta del máximo tribunal de justicia del país, Norma Lucía Piña Hernández. Sin embargo, endiosado con el poder que le han otorgado senadores y diputados serviles, lacayos, abyectos, el aludido ha seguido con su labor de descrédito e incluso, aplaudiendo acciones ominosas, vergonzosas, como la que instrumentó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García con seguidores paseando ataúdes, simulando la muerte de los ministros o la de un subsecretario de Energía, quien llamó a la ministra presidenta “narcomarrana” en su cuenta de Twitter. O diciendo que en la SCJN se fragua un golpe de Estado. Bajezas inimaginables en el largo período hegemónico del PRI o los doce años que estuvo en el poder el Partido Acción Nacional (PAN).
Mayor torpeza y abyección fue la de un diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Gómez Robles que, en un acto de sumisión, vileza, servilismo e ignominia, afirmó que su partido pretende “obradorizar” al Poder Judicial, una expresión que demuestra el temor al autócrata, desquiciado, ensoberbecido con el poder que le otorga una caterva de fanáticos y convenencieros. El domingo pasado, en muchas partes del país hubo manifestaciones de apoyo a los ministros y a todo el Poder Judicial. Pese a los vicios que arrastra, a los excesos de los juzgadores, se trata de una institución que ha sido construida con el apoyo y sacrificio de millones de mexicanos. El pueblo de México de ninguna manera debe permitir que se le siga desacreditando y descalificando al máximo tribunal justiciero del país, por parte de chairos al servicio de López Obrador.
El objetivo del jefe del ejecutivo estuvo marcado desde que inició su gestión: ¡Al diablo con las instituciones! Y ha seguido en esa línea, particularmente en aquellas instituciones que no se alinean a sus propósitos autoritarios. Ejemplos sobran. Ahí está el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de la instrucción a los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de no elegir a los nuevos comisionados para que el citado órgano garante puede sesionar.
