Luego de que este jueves dos elementos de la Policía Municipal se manifestaron en la sesión de cabildo para denunciar al secretario de Seguridad Ciudadana, Raúl Ávila Ibarra, de abuso de autoridad y de abrirles carpetas de investigación sin sustento ni el debido proceso, además de reasignarlos a otras áreas, el mando policiaco negó los señalamientos.
Y aunque se dijo respetuoso de la protesta señaló que estas carecen de sustento. Ávila Ibarra explicó que las carpetas abiertas derivan de la aplicación de la ley a la corporación municipal en la actual gestión. “Nunca han tenido tanto apoyo como en esta administración, pero nunca antes les habían aplicado la ley como en esta administración”.
Entre 2022 y 2023, se han abierto decenas de carpetas de investigación en el área de asuntos internos y estas pasan a la comisión de honor y justicia de la secretaría. De esos “más de 40 procedimientos”, ocho elementos ya fueron dados de baja definitiva, detalló Ávila, quien aseguró que se han seguido los procesos pertinentes.
En su protesta del jueves, los policías Iván Santos León y Marco Antonio Miguel denunciaron públicamente al titular de la dependencia por hostigamientos laboral y exigieron su destitución. Tras la queja, el presidente municipal, Francisco Martínez Neri, aseguró que se revisaría el problema.
Sin embargo, Ávila Ibarra ha remarcado que las denuncias son infundadas. “Uno de los compañeros argumenta acoso laboral. Se pueden decir muchas cosas jurídicamente, pero hay que sostenerlas”, explicó Ávila Ibarra sobre la queja de Iván Santos León, quien se presentó como abogado del área jurídica y de ser acosado laboralmente por él.
Esto último porque se le reasignó a otra área. Pero Ávila refirió que tal rotación es por necesidad de la corporación y a este oficial de policía se le notificó 48 horas antes de tal cambio.
“Antes de eso no hay ningún antecedente que él puede sostener como acoso laboral”, añadió Ávila sobre un cambio que implicó dejar las labores de oficina para cumplir con una de vigilancia.
De las supuestas quejas que los afectados interpusieron ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el secretario también negó su existencia.
“Hablan de 43 denuncias en Derechos Humanos y no se ha recibido ninguna en el departamento jurídico”.
