Organizaciones No Gubernamentales presentaron la iniciativa ciudadana hacia un nuevo sistema de protección a personas defensoras y periodistas, la cual busca proteger la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos.
Consorcio Oaxaca y Educa detallaron que la iniciativa propone incrementar sanciones penales y administrativas en contra del funcionariado estatal y municipal que impida u obstaculice la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos.
Añadieron que la propuesta también incluye disposiciones para reforzar y garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, así como fortalecer el papel de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y garantice la protección de quienes enfrentan ataques por su labor.
Reconocieron los aportes del conversatorio entre diversos grupos de la Sociedad Civil y llegar a la Iniciativa ciudadana hacia un nuevo sistema de protección a personas defensoras y periodistas.
La propuesta incluye también disposiciones para reforzar y garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, así como fortalecer el papel de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para garantizar la protección de quienes enfrentan ataques por su labor.
De igual forma iniciativa se busca incrementar sanciones penales y administrativas en contra del funcionariado estatal y municipal que impida u obstaculice la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos, con el fin de desalentar esas conductas.
La iniciativa es respaldada por 38 organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña, mismo que busca adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, el Código Penal, la Ley Orgánica Municipal y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Hicieron hincapié en la necesidad de las reformas ante el aumento en la frecuencia y el nivel de violencia de los ataques contra periodistas y personas defensoras en el estado, que han implicado asesinatos, allanamientos, amenazas y otros agravios, principalmente de servidores públicos.
Tan solo del año 2018 a la fecha, 184 periodistas han sido víctimas de agresiones.
Las organizaciones reafirmaron la urgencia y necesidad de transitar de estas reformas que puedan hacer frente a la grave realidad que vive Oaxaca, confiando en el compromiso de la 65 legislatura en la materia.
