En la pasada visita del presidente de México a Oaxaca y, particularmente a San Pablo Guelatao, al ponderar las bondades del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en su conferencia de prensa previa, dijo algo que en Oaxaca todo mundo sabe, pero al parecer, los gobiernos hacen oídos sordos: la presión y el chantaje de grupos y organizaciones son para “sacar dinero” y eso ya no debe permitirse. Y no le hace falta razón a López Obrador. Así se tasan las cosas aquí en Oaxaca. Los bloqueos carreteros, a cruceros, la toma de oficinas y demás, siempre tienen un factor común: la exigencia de dinero, el mismo que no se distribuye entre vecinos o comunidades que forman parte de tal o cual organización, sino para el bolsillo de los dirigentes, manipuladores y falsos redentores sociales.
El tema del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) es un ejemplo de esta escalada de interés y política de chantaje. Desde fines del mes de febrero, vecinos de algunas comunidades del Bajo Mixe, que forman parte de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), han torpedeado los trabajo en la vía férrea. Una decena de comunidades y agencias municipales de San Juan Guichicovi, tienen un bloqueo permanente. Afirman que 25 personas fueron afectadas por las obras del CIIT y exigen reparación del daño. Obvio, para ello usan el sobado y abominable método del bloqueo, al igual que San Juan Mazatlán, Mixe que, por quítame estas pajas cierra la Carretera Transístmica. Dichas acciones son algo común. En lo que el gobierno estatal con sus consabidas mesas de diálogo no repara, es en las gravísimas pérdidas económicas que padecen empresas u operadores de unidades que se quedan varados ahí días o semanas.
AMLO fue directo: a quien obstaculice el proyecto citado hay que meterlo a la cárcel. No mencionó ni derecho a la libre manifestación ni, mucho menos, libertad de expresión. Nada bueno representa para el gobierno de Salomón Jara que el secretario de Gobierno, Jesús Romero López haya mencionado que en los más de tres meses que tiene esta administración se hayan desbloqueado tantas carreteras y oficinas. Lo hemos dicho hasta el hartazgo: en tanto no se aprueben leyes y reglamentos estrictos para acabar con la industria del chantaje, con todos los buenos y grandes proyectos que haya para la entidad, Oaxaca jamás saldrá del marasmo y el rezago.
Migración y corrupción
Desde hace décadas tal vez, el tráfico de indocumentados que se internan de manera ilegal al país, ha sido encabezado por bandas de “polleros”, la mayoría de las cuales lo han hecho con la protección tanto de las corporaciones policiales como de los mismos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Sólo basta viajar de pasajero en alguna unidad que transite por la zona istmeña para darse cuenta del gran negocio que representan los migrantes, cuando suben a revisión de los autobuses los elementos que están acreditados en las garitas de Novillero o La Venta. A raíz de las grandes oleadas que se han internado en el país, por la porosa frontera de Guatemala recientemente, la Policía Estatal ya montó su propio retén, en la población de La Reforma, Yautepec. Son miles de dólares los que corren de mano en mano en este negocio ilegal, más aún, al involucrar a las corporaciones policiales.
El pasado 21 de marzo fue detenido en San Pedro Tapanatepec, según trascendió en redes sociales, un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quien labora como chofer de una funcionaria de la Vicefiscalía del Istmo. Fue la Guardia Nacional quien operó la detención, sin que dicha corporación sea inocente del negocio que ya hemos mencionado. Esto es, todos, todos le entran al tráfico de ilegales. Esta crisis humanitaria que hemos vivido en los últimos años, a raíz del endurecimiento de las medidas anti-migratorias de los Estados Unidos de América, es aprovechada por vivales con charola y arma de cargo. En este mismo espacio hemos mencionado, asimismo, a ediles como de San Pedro Tapanatepec, Jalapa del Marqués y otras poblaciones, que no han estado exentos de corruptelas en el tráfico de indocumentados.
Si bien es cierto que es un tema que es competencia del gobierno federal, en este mismo espacio editorial hemos llamado la atención del gobierno de Salomón Jara, para tomar cartas en el asunto, habida cuenta de que se trata de abusos, negocios y corrupción que se cometen en terreno oaxaqueño, además, por servidores públicos de su administración. Los excesos y atropellos que se cometen en contra de centroamericanos, sudamericanos, asiáticos y otros que pasan por nuestra entidad en su camino hacia el norte del país o la Unión Americana, son el espejo del infierno que viven los nuestros y que nos negamos a ver. Si la cuestión es humanitaria hay que verla desde esa perspectiva.
