Hasta la fecha la ciudadanía se pregunta qué hará el gobierno de Salomón Jara con las obras que fueron entregadas a medias por el gobierno pasado. Si bien es cierto que ha quedado claro que aquellos que saquearon el erario e hicieron mal uso de los recursos destinados a obras de beneficio social de los oaxaqueños no quedarán impunes, queda la duda respecto a si permanecerán así o serán intervenidas por el gobierno actual para evitar su deterioro. Nos referimos a cuatro obras emblemáticas: el Centro Cultural “Álvaro Carrillo”, la obra de “Símbolos Patrios”, el Circuito Interior y el Centro de Convenciones de Huatulco. Dichas obras, como a tiempo lo comentamos, fueron entregadas a los oaxaqueños sin haber sido concluidas; además, elaboradas con materiales de cuestionada calidad, lo que ha generado hundimientos y un pronto deterioro.
Hay otro proyecto en el que se volvieron a gastar cientos de millones de pesos, pero, ante la serie de irregularidades que se dieron, en el lapso de la entrega-recepción al gobierno de Jara Cruz, el servicio fue suspendido afectando a miles y miles de usuarios que ya tenían dicho medio, como un aliciente a su vida de trabajo. Nos referimos al llamado CityBus. Como es de todos sabido, el citado proyecto ha sido un barril sin fondo de recursos desde los dos últimos años del gobierno de Gabino Cué. Se recuperó en la pasada administración sólo para hacer más inversiones que —como ya comentamos— han resultado fallidas. Según analistas de las obras de gobierno, el citado proyecto ha significado más de mil millones de pesos, lo que resulta una gran paradoja en una entidad que tiene muchas y miles de carencias.
Sin embargo, volvemos a lo mismo. ¿Qué hará la actual administración para evitar que dichas obras malhechas, entregadas a medias o fracasadas, sigan deteriorándose y queden inservibles, casi como dinero tirado a la basura? Si lo que se trata es de exhibir al antiguo régimen, ello carece de sentido. Hay plena conciencia entre la sociedad que debe haber castigo, previa investigación de aquellos corruptos que hicieron mal uso de los recursos de los oaxaqueños. El linchamiento mediático, pues, es innecesario. Lo que hay que privilegiar es la aplicación de la ley sin más. Y hacerlo sin miramientos y sin amenazas o amagos. Si se va actuar que se haga y punto.
Los “abusos” y costumbres
En nuestra entidad, al tenor de los aplausos de los indigenólogos, mucho se pondera la vigencia de los usos y costumbres. A nivel nacional y desde los años 90 del siglo XX, Oaxaca puso la pauta de lo que hoy se conoce desde la perspectiva electoral, como Sistemas Normativos Indígenas. Las asambleas comunitarias elegían a sus autoridades de manera a veces rotatoria. Pero llegaron los partidos políticos y los falsos redentores sociales a meter la nariz y esa costumbre ancestral se pervirtió. Dichos usos y costumbres tienen también sus asegunes. Hay comunidades que siguen viendo con recelo que una mujer los gobierne. Otras encierran por igual en la cárcel a mujeres, niños, borregos o perros. Las más, quien llegue al cargo de edil tiene que haber hecho talacha en la comunidad desde topil, para poder estar en la cúpula del poder municipal. Que el Consejo de Ancianos o los tatamandones, cuya importancia se ha ido reduciendo al tenor del pragmatismo político de los arreglos y las complicidades.
El lunes 27 de febrero trascendió la noticia del linchamiento de dos personas en San Juan Atepec, Ixtlán. Somos de las entidades, junto con Puebla, caracterizadas por hacer justicia por propia mano y de manera salvaje. La turba sedienta de sangre impidió el arribo de policías estatales y Guardia Nacional. Como animales cebados, quemaron vivos a quienes, según sus particulares juicios, habían cometido ilícitos previamente. Y en los últimos años, hay todo un historial de este tipo de acciones en el estado. Lapidados, incinerados o muertos a golpes. Los casos se han dado hasta en las mismas agencias municipales de la capital oaxaqueña. Todo ello, envuelto en la impunidad que da la multitud, en la que se oculta aquel que lleva la gasolina o el que prende el cerillo. Aquel que se ceba sobre el rostro sangrante o quienes opacan con sus insultos los gritos de piedad. A veces un chisme, un rumor o los llantos plañideros de quien va a tocar las campanas e incitar a la turba, son suficientes para segar vidas.
Lo peor de ello es que estos hechos criminales quedan, en su mayoría, sin castigo. Y es ahí en donde las autoridades ministeriales tienen que corregir el rumbo. No existe en el Código Penal vigente la justificación de la justicia por mano propia. Existe sí, la defensa. El homicidio tumultuario debe ser tan grave o más que otros delitos. Está en manos de los órganos que procuran e imparten justicia, aplicar la ley. Ni más ni menos.
