En dos ocasiones o más, en las llamadas conferencias de prensa mañaneras del gobernador Salomón Jara, se ha abordado el tema de presuntas anomalías y corrupción en algunas instituciones de educación media superior. Concretamente en el Colegio de Bachilleres –COBAO-; en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca –CECYTEO- y en el Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca –IEBO-. Los nuevos titulares han echado de su ronco pecho al respecto. Se ha mencionado el otorgamiento de plazas de base, la posible venta de las mismas, la contratación de empresas de servicios con costos millonarios, facturación apócrifa y un sinfín de irregularidades. En redes sociales se ha hecho de los ex directivos cera y pabilo. Sin embargo, tal parece que en este circo mediático sólo se trata de exhibirlos y se soslaya la actuación de un área clave en el gabinete estatal: la Secretaría de Honestidad y Transparencia, antes conocida como Contraloría, a quien le compete sancionar y documentar ese tipo de anomalías.
Es la responsable de acreditar malos manejos, desvío de recursos, peculado e integrar los expedientes respectivos y, de ser el caso, consignarlos a la autoridad ministerial competente. Es decir, ir más allá del escarnio público, los amagos y amenazas veladas. Sólo como referencia hay que recordar que, a poco de iniciar la administración del ex gobernador Gabino Cué, en 2011, la información oficial que se canalizaba a medios impresos y electrónicos, mencionaba a 32 ex funcionarios del antiguo régimen indiciados por corrupción. Al final, salvo uno que fue privado de la libertad y remitido a un centro penitenciario, la mayoría goza hasta hoy de cabal salud.
Si existen los elementos suficientes para sancionar o ejercitar acción penal por enriquecimiento ilícito, peculado, desvío de recursos u otras conductas que hayan afectado al erario estatal, pues que se proceda. Hay que actuar, si la política del actual gobierno es ir a fondo contra la corrupción. Pero no más circos mediáticos y escarnio público que sólo alimenta el morbo. Sin duda alguna, como en las instituciones de educación media superior, hay otras áreas que arrastran resabios de malos manejos y uso indebido de los recursos públicos, como también en los municipios. Hay que ir a fondo, pues. Y no hay que olvidar la ineluctable verdad de la sabiduría popular cuando dice que: los carniceros de hoy, serán las reses de mañana. O, mejor dicho: luego de la borrachera del poder, viene la resaca de rendir cuentas.
Como tierra de castigo
Gracias a los buenos oficios del llamado gobierno de la Cuarta Transformación, Oaxaca se ha convertido en los últimos años, en una especie de territorio de castigo, habida cuenta de que aquí han llegado a internarse algunos de los criminales más peligrosos del país. En efecto, luego de los hechos del Cereso 3 en Ciudad Juárez, Baja California, se llevó a cabo un traslado numeroso de personas privadas de la libertad al penal de Mediana Seguridad (Cefereso 13), que se ubica en Mengolí de Morelos, Miahuatlán. La semana anterior llegaron otros “huéspedes distinguidos” que, según datos obtenidos por EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, sumaron al menos 170, quienes fueron trasladados vía aérea a su destino. No se sabe la postura del gobierno de Salomón Jara al respecto, aunque no es difícil adivinarla: de justificación al gobierno federal de tomarnos como depósito de líderes criminales.
Desde que inició el funcionamiento de dicho centro penitenciario, la seguridad en Miahuatlán de Porfirio Díaz quedó muy vulnerable. Familiares de los internos tanto en el penal federal como el estatal que ahí funciona, rentaron casas o compraron propiedades para poder estar cerca de los suyos. La población foránea creció, a la vez que las operaciones ilícitas: robo, secuestro, ejecuciones y otros. Esta población histórica, en donde el general Porfirio Díaz libró una de sus epopeyas militares más estratégicas contra la Guerra de Intervención, el 3 de octubre de 1866, es hoy paraíso para las operaciones criminales. Y al paso que vamos, lo será mucho más. Hoy en día, dicha cabecera de distrito es literal, una tierra de nadie. Circular por las calles a determinada hora se ha convertido en un serio desafío.
Lo que ha causado molestia es el por qué en sólo dos meses de la actual administración hayan crecido de manera burda los traslados de personas privadas de la libertad de alta peligrosidad. Hay que recordar que hace al menos dos años, un comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), murió en una balacera cuando sicarios de un delincuente liberado en el citado penal, repelieron un posible ajuste de cuentas de otro grupo criminal. Como lo informamos en nuestras páginas el pasado lunes 30 de enero, la mayoría de los más de mil 800 internos son foráneos. Los locales apenas alcanzan la cifra de 240 o poco más. Sin duda, esta aquiescencia del gobierno estatal, habrá de incrementar más la inseguridad.
