El pasado sábado 21 de enero, el Juez de Control, Teódulo Pacheco, según se comentó, siguiendo la resolución de su homólogo del Poder Judicial de la Federación, otorgó a Juan Antonio V.C., presunto autor intelectual del ataque que sufrió la joven saxofonista, María Elena Ríos, la medida cautelar de llevar su proceso en casa, habida cuenta de que tiene una enfermedad neuro-degenerativa que le impide estar en prisión. Vale la pena recordar que el aludido ha estado al menos dos años privado de la libertad como presunto responsable de tentativa de feminicidio, luego de que el Ministerio Público demostrara que habría contratado a un par de sujetos para que le arrojaran ácido en cara y cuerpo a la víctima, provocándole daños irreversibles. Otro de los presuntos autores intelectuales, hijo de Juan Antonio V.C., se encuentra prófugo de la justicia.
Se trata de un tema que ha sido no solamente politizado sino mediatizado. Es decir, cualquier resolución sobre el mismo, levanta ámpula y mueve a grupos y organizaciones que dicen defender a la mujer de la violencia. Sin embargo, dicha resolución tomada en un poder autónomo desató comentarios de parte del mismo gobernador Salomón Jara quien, no solamente lo abordó en su conferencia de prensa del pasado lunes, sino que grabó un video para fijar su posición. En el mismo, critica la decisión del juez que, dijo, no tomó en consideración las iniciativas aprobadas en materia de género. Desde el mismo sábado, el propio Jara y algunos de sus colaboradores, siguiendo la línea del primero, emitieron sus comentarios en el mismo sentido de reprobar la decisión del juez.
Como en su momento lo comentamos en las páginas de El Mejor diario de Oaxaca, al detenido no se le otorgó libertad simple y llana, sino que el proceso continúa. Pese a ello, el Poder Judicial del Estado ha sido objeto de descalificaciones y señalamientos. Los colectivos feministas empezaron una cruzada de acciones, algunas con tintes de vandalismo y, por lo que se percibe, tampoco en el Poder Ejecutivo, siguiendo la ruta trazada en las mañaneras de López Obrador, se respeta la división de poderes. No hay que olvidar que quien consigna es quien procura justicia, es decir, la Fiscalía General del Estado (FGEO) que es, por si alguien lo olvida, una entidad autónoma. En el ámbito de su competencia, soslayando que pudiera entrar en desacato, el ejecutivo estatal deslindó a la Policía Estatal de brindar seguridad y protección al detenido que sigue sin gozar del beneficio otorgado.
Ir sobre corruptos
Ya son dos ocasiones en que el ejecutivo estatal saca a tema en sus conferencias mañaneras la corrupción que –afirma- se dio en algunas instituciones de educación media superior, concretamente en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO), el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca (CECYTEO) y en el Instituto de Estudios de Bachillerato (IEBO). Se comenta de la contratación de empresas con costos elevados para ciertos servicios, además de la autorización de plazas de base y un rosario de anomalías. En redes sociales se han difundido algunas de ellas, con nombres y apellidos. De hecho, se trata de temas que tienen tiempo en medios y opinión pública, de algunos ex directivos que hicieron cuanto quisieron con dichas instituciones. El lunes pasado estuvieron los nuevos titulares de las tres instituciones educativas para dar a conocer pormenores.
Sin embargo, como hemos comentado en este espacio en días anteriores, no basta con balconear a quienes estuvieron al frente ni, mucho menos insistir en el tema, pues si se habla de anomalías y corrupción hay mucha tela de dónde cortar. Y no solamente en dichas áreas sino en otras más. Es necesario ir a fondo. Que la dependencia responsable, la Secretaría de Honestidad y Transparencia lleve a cabo las pesquisas correspondientes y que se hagan las sanciones a que haya lugar. Esto es, que las anomalías se subsanen conforme lo dispone la ley con inhabilitaciones o procesos resarcitorios. No es un secreto la serie de corruptelas que habría prohijado el ex titular del CECYTEO, por ejemplo, en los dos últimos años del pasado sexenio en que estuvo al frente. Los excesos y los vicios fueron más que evidentes.
Si el gobierno de Salomón Jara quiere sentar un precedente de honestidad y hacer realidad la línea principal de su Plan Estatal de Desarrollo: la lucha contra la corrupción, tiene frente a sí la oportunidad de instruir a la dependencia aludida a proceder y consignar los expedientes respectivos. Pero no más amagos o amenazas, como ocurrió en el gobierno de Gabino Cué (2010-2016), en que se mencionaban a menudo los nombres de 32 ex funcionarios que se decía estaban con un pie en la cárcel, pero jamás se procedió penalmente, salvo por quien fue más visible: el ex Coordinador del Transporte. Durante meses se repitieron los mismos amagos y advertencias. Un día se publicitaban las corruptelas de unos y luego de otros, pero, en concreto, los corruptos del régimen anterior se fueron a sus casas sin problema alguno. Eso sí, cargando sus millones.
