A su abanico de problemas que entraña la pobreza, la marginación y la falta de vías dignas y decorosas de comunicación, Oaxaca arrastra un problema grave: los conflictos agrarios que, según lo publicamos en la edición de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, el pasado miércoles 18 de enero, son más de 300 casos, dos decenas de los cuales son verdaderos focos rojos. A lo largo de las tres últimas décadas las muertes entre comunidades vecinas por dichos conflictos suman más de cien. Y siguen añadiéndose más. Sólo en los últimos tiempos se dieron emboscadas que dejaron dolor y muerte, como fue la de Quiechapa y Santa María Ecatepec, en el distrito de San Carlos Yautepec. Vecinos de ambas comunidades arremetier0n con armas de fuego, con el argumento de que sembraban o hacía labores en sus tierras.
En algunas comunidades de la Sierra Sur, como Santiago Amoltepec, San Lorenzo Texmelucan, Santo Domingo Teojomulco o Santiago Textitlán, hay decenas de litigios agrarios que mantienen a los vecinos velando armas. Incluso en los Valles Centrales, como el diferendo que enfrente Cuilapan de Guerrero con San Pablo Cuatro Venados. En la Mixteca no se diga. San Juan Mixtepec con Santo Domingo Yosoñama, entre otros, ha dejado una estela de muertes. La sangre derramada sirve para abonar tierras ociosas e improductivas, por las que la gente se mata. Éste es el caso, por ejemplo, del conflicto que mantienen San Vicente Coatlán y Sola de Vega, que ha generado la suspensión de la obra carretera a la Costa y, hace años, la cancelación del proyecto hidráulico “Paso Ancho”, con el que la capital oaxaqueña una veintena de municipios conurbados hubieran podido resolver su añejo problema del agua potable.
Y es que entre los usos y costumbres de nuestras comunidades y, particularmente de los pueblos originarios, el arraigo a la tierra es una realidad irrebatible. He ahí el por qué se dice que las carreteras de Oaxaca son las más caras del mundo, precisamente porque pasar por una determinada comunidad implica pagarles y cumplir con un abanico de exigencias. Cada presidente municipal, agente o comisariado de bienes comunales, tasa el pago monetario o en especie. Sin culpar a los gobiernos anteriores de la responsabilidad de no resolver dichos conflictos agrarios, será tarea del gobierno en turno buscar conciliarlos o pactar acuerdos de paz para evitar que se conviertan en focos de violencia.
Cártel del Despojo: No más dilación
En este espacio editorial y durante todo el último año del gobierno de Alejandro Murat, insistimos en la urgencia de asumir acciones enérgicas en contra de los presuntos implicados: notarios, funcionarios públicos, presta-nombres y demás personas coludidas en lo que se ha llamado Cártel del Despojo. Jamás se tomaron medidas. El tema simplemente se ignoró dejando entrever peligrosas complicidades o, acciones de impunidad para proteger a algunos implicados en cambios de identidad, como en el Registro Civil. A pesar de las denuncias, inclusive, en la propia conferencia de prensa “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se dieron a conocer hasta nombres de los coludidos en esta banda criminal, el ex gobernador no movió un solo dedo para actuar conforme lo exigían las peticiones de justicia y aplicación de la ley.
La semana pasada, el titular de la Consejería Jurídica del gobierno de Salomón Jara, Giovany Vásquez Sagrero, admitió que dicha área había puesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), sobre el referido Cártel del Despojo y, reiteró su disposición a poner ante dicha dependencia federal todos los elementos disponibles para robustecer la investigación que podría instrumentar y llevar a la consignación de los responsables. Sin embargo, en redes sociales se empiezan a escuchar nombres de personas comprometidas en el actual gobierno a quienes podría salpicar una investigación imparcial y a fondo que podría realizar la FGR. Se habla de acciones de despojo y hasta de serias amenazas en predios que estarían ubicados en la ruta del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
El asunto pues tiene muchas ramificaciones. Y por supuesto que no es nada nuevo. La ciudadanía oaxaqueña sabe de este tipo de ilícitos desde fines de los años noventa del Siglo XX. Es más, hay señalamientos directos hacia personas y, sobre todo ex funcionarios que se habrían beneficiado de bienes intestados o predios con propietarios cuya fragilidad les hizo imposible defenderlos. El verdadero Cártel del Despojo ha tenido varias etapas. Abogados que a través de amenazas y hasta asesinatos han logrado hacerse de propiedades que nunca fueron suyas. El negocio cambió de manos. Aquellos que desde jóvenes aprendieron el oficio han superado a sus maestros. Lo grave es que este negocio ilícito e inmoral se ha hecho con absoluta impunidad.
