Las indígenas triquis que están protestando en el zócalo perdieron el estatus de desplazadas porque ya aceptaron apoyos como reparación del daño y tampoco podrán regresar al corredor del Palacio de Gobierno a vender sus artículos, afirmó el gobierno estatal.
En el reporte que dio el gobernador Salomón Jara Cruz, en la conferencia matutina de ayer lunes, señaló que sostuvieron pláticas con los tres grupos que estaban vendiendo desde hace 12 años en esta parte, encontrando disponibilidad al diálogo de parte del grupo de Sergia.
Añadió que por parte del Gobierno del Estado existe la voluntad de platicar y lograr acuerdos, sin embargo, aclaró que no les van a permitir el ingreso de nueva cuenta a este lugar.
Nosotros no vamos a prestarnos a un chantaje; toda nuestra voluntad para dialogar, pero a seguir permaneciendo abajo del palacio ahí no; ya no habrá posibilidades”, externó.
Mientras tanto, el secretario de gobierno, Jesús Romero López, detalló el proceso de diálogo que han sostenido con estos grupos, así como las propuestas de atención integral a la problemática.
Dijo que ofrecieron posibilidades para la colocación de los puestos de las mujeres en la vía pública, así como dar un acompañamiento psicosocial, establecer el diálogo público y abierto sobre este tema, así como están acompañando lo preciso para que el municipio regrese los artículos decomisados en el momento del retiro de puestos.
No obstante, Romero López, acusó que Marcos Albino y Reyna Martínez se negaron a recibir sus artesanías, pese a que habría un diagnóstico de lo entregado y también mostraron resistencia a participar en un censo y conocer el número de personas en esta situación.
Para la autoridad estatal, ya no hay un tema vigente para negociar con estos grupos y la permanencia de casas de campaña en el zócalo, ya dependen de la autoridad municipal, sobre todo previo a la realización de la tradicional Noche de Rábanos.
Cuando una víctima de desplazamiento forzado o de la protección a una circunstancia distinta, acepta la reparación del daño, pierde la categoría de desplazada. Ellas firmaron y aceptaron previos recursos, porque estuvo imposibilitado el Estado Mexicano a garantizarles el retorno a San Juan Copala”, añadió.
Con esto, al recibir el recurso y firmar los acuerdos, están aceptando que recibieron respuesta a la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
