La transición político-administrativa entre el gobierno saliente de Alejandro Murat y el entrante de Salomón Jara, parece estar en un impasse de cordialidad y entendimiento. El gobernador electo subrayó que se revisará “peso por peso, silla por silla”, en tanto que el saliente sostuvo que su gobierno está abierto, además, que se entregarán finanzas sanas. Más allá de especulaciones respecto a si se trata de una transición de terciopelo y sin sobresaltos, vale la pena mencionar que se da también de cara a la sociedad. Si la propuesta de la administración que entrará en vigor el primero de diciembre es de aplicar políticas de transparencia y rendición de cuentas, sin duda vamos por buen camino. Ojalá que el equipo que integre para gobernar tenga también objetivos similares, porque una cosa es la lealtad y otras, muy diferentes, la eficiencia y la honestidad.
Sin embargo, amén de actos protocolarios e institucionales, hay rubros que, en este período de transición, parecen haberse exacerbado. Nos referimos a la inseguridad que está padeciendo la entidad y que echa por tierra, de principio a fin, el mito de que somos de las nueve entidades más seguras del país. Es cierto, no somos un remanso de paz en un país lacerado totalmente con estadísticas criminales que rebasan los 130 mil homicidios dolosos en lo que lleva el régimen de la Cuarta Transformación. En los diversos sectores sociales hay preocupación por el incremento en homicidios en los últimos días, lo que ha llevado a Oaxaca a estar en las conferencias de prensa mañaneras, con muy mala calificación. Sólo en la capital se han contabilizado en lo que va del año, al menos 35 homicidios dolosos, además, claro, de un abanico de ilícitos adicionales como el robo con violencia a transeúntes o a casa habitación.
Mucho de ello se debe a la designación de funcionarios que no tienen ni experiencia, ni capacidad, mucho menos formación para labores policiales. A ello se agrega que desconozcan la historia, la idiosincrasia y las propias costumbres de nuestra gente. Además, de la existencia de corporaciones sin disciplina, mal pagadas, sin los elementos necesarios para hacer su trabajo. En la policía de la capital, por ejemplo, además de carecer de instalaciones dignas y decorosas, hay elementos que rebasan la edad o con males físicos, lo cual los incapacita para desempeñar su labor. Pero el mal es generalizado. Dura tarea, sin duda, para el gobierno que entrará en funciones, dar certidumbre, confianza y seguridad a los oaxaqueños.
Renuentes a cumplir
La pandemia de Covid-19, cuya contingencia sanitaria inició en marzo de 2020, trajo consigo una lista enorme de daños colaterales, además, claro, de la lamentable pérdida de vidas humanas, que sólo en Oaxaca se estima en más de 6 mil. Trajo consigo, además, falta de insumos médicos, especulación para al tratamiento de la enfermedad, desempleo, precariedad económica, carestía y, por supuesto, una parálisis en la administración pública gubernamental y en el rubro de educación, entre otros. La suspensión de las clases presenciales y la llegada del modelo virtual o híbrido, fue un hito que contribuyó aún más al atraso y rezago escolar. La falta de conectividad en algunas regiones del estado, la carencia de aparatos de televisión, tabletas o computadoras, clara evidencia de la pobreza, motivó un esfuerzo adicional de padres y madres de familia, para que sus hijos no perdieran clases. Y hubo maestros que lo entendieron, que fueron los menos. Los más lo tomaron como vacaciones pagadas y muchos se resisten a regresar.
Un caso similar ocurre entre los empleados de base del gobierno del estado. La pandemia sigue, sin duda alguna. Sin embargo, la aplicación de las vacunas ha paliado su letalidad. Desde hace meses tanto el gobierno como la ciudadanía y los sectores productivos, se aplican a volver a la llamada nueva normalidad, utilizando aún los protocolos aplicables para contener la proliferación de contagios. Pero, para la burocracia estatal, ya les supo no presentarse a trabajar y, con el argumento de la pandemia, siguen disfrutando de su salario sin trabajar.
Es más, hay quienes prometen regresar en diciembre, mientras algunas oficinas, sobre todo las que atienden al público, contribuyen a retrasar trámites. Cuestión de privilegios, inequidad o injusticia, los trabajadores de confianza han sido obligados a trabajar aún en los peores tiempos de la pandemia. En ciertas áreas del gobierno estatal hubo contagios masivos cuando directores “negreros”, sin importar la grave crisis sanitaria emplazaron a sus jefes de departamento a cumplir con sus horarios. Hay pues una carga evidente de irresponsabilidad y cinismo en la actitud de resistirse a cumplir con lo que tienen encomendado. Hay que seguir perviviendo de lo que el gobierno da sin la obligada reciprocidad que es inherente al salario que perciben. Para echar la hueva –como se dice vulgarmente- argumentos y justificaciones sobran, aunque la pandemia no sea ya, a más de dos años y medio del inicio de la contingencia, un elemento válido.
