La defensa de la tierra en Oaxaca se convirtió en peligrosa para los defensores de derechos y activistas debido a los crímenes que se han cometido contra estas personas, sostiene el activista, Marcos Leyva, de Educa.
En tanto, por tercer año consecutivo, el Global Witness documentó un aumento en los ataques letales en México: 54 personas defensoras fueron asesinadas en 2021, casi la mitad de ellas indígenas.
Añadió que los conflictos por la tierra y la minería estuvieron vinculados a dos tercios de los ataques letales y alrededor de dos tercios de los asesinatos se concentraron en los estados de Oaxaca y Sonora, ambos con importantes inversiones mineras.
El activista indicó que esto muestra que esta defensa se convirtió en una lucha peligrosa porque se hacen sin garantías gubernamentales, con territorios militarizados y bajo las disputas del crimen organizado.
Asimismo, destacó como ejemplo de la violencia contra estos activistas el asesinato de 22 defensores, que lo hace complicado ante la falta de una Ley de Consulta en México y los sitios donde se pretenden desarrollar megaproyectos se ven involucrados en disputas del crimen organizado o son militarizados.
De acuerdo con Marcos Leyva, las comunidades oaxaqueñas donde se han desarrollado supuestas consultas indígenas, libres e informadas son limitadas, lo que genera una serie de denuncias de los pueblos y defensores por las diversas irregularidades que recaen en las violaciones a sus derechos humanos.
Dicha situación se ha vivido en los últimos dos sexenios anteriores y el actual.
Ejemplificó en el caso de Ocotlán por el acceso al agua para el riego de sembradíos, en valles de Ejutla y Tlacolula por las concesiones mineras y después por autoridades agrarias y población en el Istmo por la implementación del corredor interoceánico.
En todos esos casos se dan las denuncias pero no existe un respeto a quienes están defendiendo el territorio, indicó.
