Ante las constantes agresiones por parte de organizaciones políticas y sociales en contra de ciudadanos, es necesario mantener el estado de derecho, las garantías de libre tránsito y la aplicación estricta de la ley, señalaron representantes del sector privado.
A las serias repercusiones causadas por la pandemia que obligó al cierre de establecimientos comerciales y canceló empleos, así como a inseguridad, la inflación, el comercio informal que se sigue multiplicando, hoy se agregan actos violentos de grupos que impiden abrir negocios y su funcionamiento.
Esther Merino Badiola, presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial, dijo que este tipo de agresiones a los ciudadanos y en especial a los comerciantes se han convertido en el “tiro de gracia” para muchos de ellos, pues no se han logrado recuperar desde la pandemia del Covid-19.
Lo que empezó con la pandemia ha continuado con estas agresiones que impiden a los comerciantes abrir sus negocios, a los trabajadores realizar sus actividades y por consecuencia mermar su economía cada vez más precaria”.
Exhortó a las autoridades a cumplir con lo que mandata la ley, que se respeten los derechos humanos y las garantías de libre tránsito. “Nosotros somos ciudadanos como todos, no somos de primera, ni de segunda, ciudadanos que cumplimos con la ley y que exigimos respeto a nuestros derechos”.
Debido a que las organizaciones enviaron a grupos de choque al zócalo para impedir que los comercios establecidos pudieran abrir y realizar sus actividades, los reclamos fueron en aumento, la dirigente admitió que al margen de cuestiones políticas, el actual gobierno debe cumplir con responsabilidad hasta el 30 de noviembre.
Pidió a las organizaciones sociales encontrar otros canales para expresar su inconformidad sin lesionar los derechos de los oaxaqueños.
En tanto, Mario Cruz Escamiroza, consejero de Coparmex, señaló que el estado de anarquía que se vive en la ciudad es crónico, los eventos registrados en los últimos tres días solo son una réplica de lo que desde ya varias décadas ocurre en Oaxaca.
Planteó su origen en el equivocado diseño, selección y ejecución de políticas públicas que posibiliten a los oaxaqueños mejores niveles de vida, es decir, poder contar con satisfactores mínimos.
Entre ellos, trabajo remunerado suficiente para cubrir gastos de vivienda y alimentación; Sistemas de salud y educación eficientes que den lugar al fortalecimiento y superación del individuo en busca de mejores condiciones de vida.
Sin embargo, deploró el desinterés de quienes nos gobiernan por dar un golpe de timón y corregir un rumbo mal trazado desde el inicio, procurando en su lugar solo acciones estéticas, de corto plazo que les brinden el tiempo necesario para enviar el problema, que les corresponde solucionar, a otra instancia de gobierno distinta a la que correspondió enfrentar el problema desde un inicio.
La perversión de actores tanto del gobierno como de opositores así como de líderes de grupos sociales, que han hecho del caos su forma de vida, posibilitan y alimentan el desorden para vendernos seguridad”.
Aunado a que los programas de asistencia social implementados por el gobierno federal sumados a los esfuerzos del gobierno estatal, han sido insuficientes para aliviar la pobreza patrimonial, la pobreza de justicia y la pobreza de esperanza en la que desde hace ya varias décadas nos encontramos sumidos quienes habitamos en este estado.
