Sorprende el tamaño de la rapacidad que permitieron a venales presidentes y administradores municipales en el sexenio pasado. Como botón de muestra está San Antonio de la Cal. En este municipio, el administrador Noé Lagunas Rivera, designado por la 62 legislatura del estado, recibió un presupuesto de 40 millones de pesos y no rindió cuentas ni de un peso. Ni siquiera cumplió con la norma de entrega recepción.
Pero no fue el único caso. De acuerdo a revisiones de auditores de la ASE -los que no se dejaron corromper-, la cantidad de dinero público desviado (hurtado, para decirlo bien) es brutal. Lo peor es que, pese a que hay denuncias, hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha puesto en su boca asunto tan espinoso.
Me dicen que de mayo 2008 a agosto del 2011, la ASE realizó 254 auditorías del destino de los presupuestos que recibieron secretarías de Estado, órganos autónomos y autoridades municipales ¿Saben que encontraron en el caso de los Ayuntamientos?
Desvío de dinero público para otros fines de los que fue autorizado, gastos no comprobados, etc. la ASE integró 26 expedientes contra los presuntos ladrones. Esos documentos fueron enviados a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma Auditoria donde iniciaron procedimientos para fincar responsabilidades por 279 millones 478 mil pesos. Supuestamente iniciaron el recurso para exigir resarcimiento del daño patrimonial pero alguna mano negra, desde el Congreso, ordenó que se archivara todo. De este tamaño fueron las confabulaciones.
De septiembre del 2011 hasta el final del “Gabinato”, la misma ASE volvió a hacer 535 auditorías a Cuentas Públicas del Estado y Municipales, fondos específicos y aquellas concertadas con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el marco del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS). Volvieron a encontrar desvíos (robos) e integraron 401expedientes de presunta responsabilidad. Pero entonces el monto del dinero público no justificado alcanzó la cifra brutal de ¡cuatro mil 272 millones 868 mil pesos!
Saqueo tan brutal contra el patrimonio de Oaxaca, no tiene nombre. Sin embargo, el gran ladrón Gabino Cué y sus secuaces, dejaron hacer y dejaron pasar. Mientras ellos llenaban alforjas más grandes, los funcionarios, administradores y presidentes municipales también hurtaban hasta el hastío.
Algunas voces sensatas de la misma ASE, al ver saqueo tan brutal del dinero público, insistieron en las denuncias penales. Lo hicieron a pesar de los obstáculos que insistente y descaradamente ponía el diputado priista Adolfo (neofito) Toledo en su calidad de presidente de la comisión de vigilancia y auditoría de la 62 legislatura. No era el único que entorpecía los procedimientos contra los alcaldes y administradores ladrones. El mismo papel jugaron otros legisladores, de todos los partidos. Fue tan grande la connivencia que cada diputado se alzó en defensor oficioso de los ediles ladrones en sus respectivos distritos.
A eso podemos atribuir la lentitud del trámite de los expedientes. Otros, de plano, fueron archivados.
Me dicen que, hasta el momento, casi todos están pendientes de resolución. No hay ningún avance en los procedimientos resarcitorios.
La ASE, en algunos casos, hizo lo adecuado y a eso se debe que algunos recursos llamados “de reconsideración de resolución condenatoria” o “juicio de inconformidad por resarcitorio condenatorio”, llegaron hasta el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de Cuentas, pero como en esa instancia judicial también hay complicidades, los expedientes duermen el sueño de los justos.
En ningún caso hay, siquiera, avances en eso que los abogados llaman expediente por reparación del daño. Para mayor burla, muchas denuncias penales, han sido declaradas improcedentes.
Otros juristas consultados, me dicen que ante tantos expedientes archivados, a pesar de lo cuantioso de los desvíos, brinca la sospecha de que, desde su origen en la ASE, los argumentos y las pruebas no hayan sido contundentes. Es decir, probablemente hayan sido denuncias simuladas. La sospecha crece porque no enviaron a la Secretaría de Finanzas lo que llaman “resolución condenatoria ejecutoriada”. Tampoco hicieron la promoción de “Responsabilidad Sancionatoria” ante el Congreso del estado. Parece una cadena de connivencias.
Ante el relevo de gobierno y los pronunciamientos de la sociedad civil contra la gran impunidad de los presidentes municipales y funcionarios públicos ladrones, la ASE siguió con los dictámenes técnicos. También continuó auditando el ejercicio fiscal 2016. Ante tanta impunidad y complicidades, las revisiones del año pasado revelaron más robos de las arcas municipales. Detectaron gastos sin comprobar por 90 millones 478 mil pesos. De igual manera, la responsabilidad resarcitoria se inició. Pero no hay ningún tipo de consecuencia.
Hubo una especie de éxito pírrico con las auditorías practicadas a los ejercicios fiscales 2011-2014, la ASE logró recuperar poco más de 332 millones de pesos.
Pero allí no para el saqueo. Con el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (Profis), detectaron faltantes por 169 millones 888 mil pesos lo que motivó la integración de 17 expedientes para fincar responsabilidades.
Me dicen que la ASE hizo lo que le corresponde, incluso ha promovido la responsabilidad administrativa sancionatoria ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental como consecuencia de resultados no solventados, pero todo sigue en la opacidad total.
Reaccionan lentamente
Hasta que fueron relevados los diputados cómplices de la 62 legislatura y el anuncio del gobernador Alejandro Murat Hinojosa de poner fin a la impunidad, en el Congreso del Estado se ven algunos indicios de aplicar la ley contra los alcaldes ladrones. Informan a esta columna que la cámara ha notificado a la ASE, el envío de más de 100 dictámenes de presunta responsabilidad administrativa sancionatoria a la Comisión Instructora para que determine la procedencia de iniciar procedimiento administrativo a los integrantes de igual número de Ayuntamientos. Esto independientemente de los procedimientos judiciales.
La duda es si la diputada presidente de la citada comisión, María de Jesús Melgar Vázquez del Morena, se atreverá a romper el paradigma de que “todos los diputados son corruptos”. Es decir, si no actúa igual que sus antecesores que vendieron impunidad a esos ediles saqueadores, estaríamos ante la posibilidad de cumplirle a los oaxaqueños que exigen sancionar a los políticos saqueadores.
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