La comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), consiguieron la cancelación definitiva del megaproyecto eólico Gunaa Sicarú, de la empresa francesa Électricité de France (EDF).
Luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) canceló los contratos de suministro de energía a Eólica Oaxaca, filial de la empresa francesa Électricité de France (EDF), la Secretaría de Energía determinó cancelar la consulta indígena a la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo.
La cancelación de los contratos de suministro eléctrico de este parque eólico, uno de los más grandes en América Latina, constituye un hecho histórico para la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales de las comunidades agrarias e indígenas en México y Latinoamérica.
Dos años de litigio
La decisión fue dada a conocer ayer en el Juzgado Primero de Distrito de Oaxaca, en donde ProDESC mantiene desde hace años un litigio relacionado con la construcción de este parque eólico.
En 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó a EDF un permiso para la construcción del parque eólico “Gunna Sicarú” (Mujer Bonita) sin consulta previa, libre e informada como lo establecen los códigos internacionales, especialmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que la comunidad zapoteca y ProDESC iniciaron una lucha legal que los llevó hasta tribunales internacionales.
Este fallido parque estimaba obtener una producción anual de 825.7 (995.4) gigavatios por 30 años y se instalaría en dos polígonos, el más grande en el municipio de Unión Hidalgo y el segundo en la comunidad de La Ventosa, agencia municipal de Juchitán.
Sin embargo, la comunidad de Unión Hidalgo y ProDESC iniciaron un proceso de defensa y en abril de 2022 solicitaron a la CFE la cancelación de contratos de suministro.
Luego de cinco años de defender su derecho a la tierra y el territorio, la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo y ProDESC, dieron a conocer que este 2 de junio de 2022, la CFE canceló de manera definitiva el contrato de suministro eléctrico firmado con el gigante energético francés Électricité de France (EDF), con lo que el megaproyecto eólico Gunaa Sicarú fue cancelado de manera definitiva.
Cancelan contratos firmados
Por consiguiente, la Secretaría de Energía (Sener) del gobierno de México informó sobre la decisión de la CFE de cancelar los contratos de suministro firmados con EDF, así como el contrato de interconexión correspondiente.
Tales cancelaciones demuestran, de acuerdo con la Sener, que la Central Eólica Gunaa Sicarú es inviable técnicamente, “ya que ésta (la central eólica Gunaa Sicarú) se encontraba directamente relacionada con el proyecto cancelado”.
Luego de esto, la Sener informó que el procedimiento de consulta llevado a cabo en Unión Hidalgo “ha quedado sin materia”, ya que al no existir el proyecto, tampoco existe “objeto de consulta”.
En consecuencia, la Sener solicitó al Juzgado de Distrito que dicte resolución sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo relacionadas con la consulta.
Es así como el proceso de defensa impulsado por ProDESC y la comunidad de Unión Hidalgo hacen de la cancelación de Gunaa Sicarú un hito en la defensa del derecho a la tierra, el territorio y los bienes naturales de las comunidades indígenas y para la rendición de cuentas empresariales en México y América Latina.
Explicaron que Gunaa Sicarú era una central eólica que buscaba asentarse ilegalmente en tierras comunales para construir 115 aerogeneradores, con una capacidad total de 300 MW, uno de las más grandes en América Latina.
Dentro de este proyecto de generación de energía se contemplaba además la construcción de una subestación, una línea de transmisión de 230 kV y vialidades internas en un polígono de 79 hectáreas pertenecientes a Unión Hidalgo, un pequeño municipio en el estado de Oaxaca.
Fue en 2017 cuando la empresa paraestatal francesa EDF pretendió iniciar con este megaproyecto para vender energía a la Comisión Federal de Electricidad. Desde entonces, ProDESC y Unión Hidalgo iniciaron un proceso de defensa de la tierra y el territorio por las violaciones serias a los derechos de la comunidad y fallas en la identificación de riesgos e implementación de medidas de protección en el desarrollo de su megaproyecto.
Ruptura de tejidos sociales
Durante este proceso se detectó que EDF firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto.
En octubre de 2020 la comunidad, ProDESC y el ECCHR iniciaron un litigio trasnacional en tribunales civiles de París, Francia, durante el cual se han obtenido victorias importantes, como la admisión de la competencia y la jurisdicción; además de que la jueza francesa señaló que la responsabilidad a juzgar en el caso será de EDF matriz y no de la subsidiaria; logros que convierten a este proceso de litigio en el primero de su tipo emprendido por una comunidad indígena del continente americano.
