Nada fácil ha sido para el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, cumplir con los compromisos que asumió con la ciudadanía en su campaña por la presidencia municipal. Una de las pruebas del fracaso está en la falta de control del comercio en la vía pública que, en temporada vacacional, volvió por sus fueros y a dar un espectáculo deprimente a los visitantes del país y el extranjero que llegaron a la capital y los Valles Centrales. Sin duda alguna pues, no es nada fácil prometer que cumplir. La inseguridad está desatada en la ciudad, sin que el flamante Secretario de Seguridad Pública Municipal, Raúl Ávila Ibarra dé pie con bola. Asaltos a transeúntes, robos a casa habitación y hasta asaltos a oficinas municipales, que suena a anecdótico, pero no lo es.
Sin embargo, lejos de exigir a la tropa cumplir con su misión en favor de la población, la semana pasada, cuando aún no estaba del todo clara la ley que permite el uso de cannabis con fines terapéuticos, los policías municipales recibieron la instrucción de no molestar a aquellas personas que estuvieran fumando mariguana en la vía pública. La crítica se soltó en redes sociales, dado que, dicha acción no es una prioridad ni, mucho menos que impacte en el imaginario colectivo, salvo aquellas personas que consuman dicho producto natural. Hay quienes advierten que este relajamiento en el orden público puede tener consecuencias más graves en el rubro de la seguridad. Es decir, tal parece que el gobierno de la ciudad tiende hacia las cuestiones superficiales y soslayar los temas fundamentales de la preocupante agenda municipal.
Por tercera o cuarta ocasión el edil Martínez Neri hace ajustes en su equipo de gobierno, lo que hace suponer que algunos de los servidores públicos con niveles de mando en el ayuntamiento capitalino, no fueron más que compromisos y los titulares, bisoños en las tareas que les fueron encomendadas. Tal parece pues que, de no atenderse los rubros prioritarios, estamos ante el segundo capítulo de un gobierno emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que ganan de calle las elecciones, pero no saben gobernar. Siempre lo hemos dicho: la simpatía ciudadana o la fijación por cierto candidato, a quien ligan con el presidente López Obrador es una cosa. Otra, muy diferente, cumplir con promesas de campaña y gobernar de cara a la sociedad.
Ambulantaje: ¿Hasta cuándo?
La imagen del Centro Histórico en la pasada temporada de Semana Santa fue, algo más que deplorable. Es imposible disfrutar de los monumentos coloniales; de todo el esplendor de nuestra Catedral Metropolitana; de las calles y avenidas con construcciones antiguas, con un mercado de chucherías obstaculizando la visión. Propios y extraños lo han dicho una y otra vez. Ya es tiempo de forjar una estrategia para que el comercio en la vía pública deje de afectar la imagen de nuestra capital. Pero el miedo a ejercitar la ley, de la que dispone el Estado o el gobierno local, sigue aterrorizando a los dos gobiernos: estatal y municipal. El ardid de que no se quiere entrar en una nueva dinámica como en el 2006 o como el problema de Asunción Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, mantiene a la ciudadanía en total sometimiento ante el miedo cerval que se respira en el gobierno.
Estamos convencidos de que en ninguna parte del mundo se debe gobernar con miedo. Sin embargo, aquí parece lo contrario. Ese estigma de que cualquier acción de fuerza va a ser catalogado como represión ha forjado en la entidad, el abominable principio de la impunidad. Cualquier hijo de vecino bloquea calles y carreteras para tener de parte de la autoridad, no la orden de aprehensión por afectar el derecho a la libre circulación o daño a las vías generales de comunicación, sino una complaciente mesa de diálogo y, como ya es usual, dinero por debajo de la mesa. Es el caso del comercio en la vía pública que representa –ya lo reconoció el edil Francisco Martínez Neri- un flujo impresionante de dinero, dado que el costo que paga cada comerciante a los dirigentes va de los 70 a los 450 mil pesos, para poder tener un espacio y vender.
La pregunta es: ¿bajo qué estatuto o principio legal, quienes manipulan al ambulantaje cobran por espacios que son públicos y se asumen como delincuencia organizada que cobra el derecho de piso? Es un asunto serio que, en otras circunstancias, ya debería tener una respuesta enérgica de los dos órdenes de gobierno, pues se trata de una acción que está fuera de la ley, como lo está el manejo millonario de efectivo. Es impresionante la complicidad que se advierte entre funcionarios públicos y dirigentes de organizaciones que se han apropiado de los espacios ciudadanos, como “Sol Rojo”, la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), los triquis o el Frente “14 de junio”.
