Aunque el despojo de propiedades de visibilizó recientemente por el caso de la familia Conzatti en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, datos de abogados que llevan la defensa de las víctimas, señalan que se han presentado denuncias desde 2001 ante las instituciones de procuración de justicia.
Una de las denuncias presentadas en este año, fue un caso ocurrido en el primer cuadro de la ciudad capital, a escasos cuatro cuadras del Zócalo en donde una familia literalmente ha peregrinado en busca de la justicia.
La casa fue heredada por nuestros abuelos, por cuestiones de trabajo tuvimos que salir un tiempo del estado, pero frecuentamos mucho la casa precisamente para evitar cualquier robo o daño, pero jamás nos imaginamos que alguien de mala fe nos intentaría arrebatar nuestro patrimonio, un día llegamos y nos llevamos la sorpresa de que ya le habían cambiado la chapa y que estaba en venta con documentos falsos”.
Este es solo uno de los casos que se vivió hace más de 10 años en el centro de la ciudad, en tanto el juicio legal por la propiedad continúa ante la indolencia de las autoridades de procuración de justicia.
También existen otros casos emblemáticos en la entidad oaxaqueña, como lo ocurrido con la Presa Rompepicos que se ubica en la zona norte de la capital, en el que una propiedad de la nación, de la noche a la mañana con documentos apócrifos se convirtió en propiedad privada.
Según datos del congreso local, en los últimos años, los despojos de propiedad se incrementaron en la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO), la gran mayoría fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), muchos aún en proceso de litigio como ocurre con el caso de la familia Conzatti.
Aunque las y los diputados de la 65 Legislatura aprobaron recientemente llamar a comparecer al Fiscal General Arturo Peimbert Calvo sobre estos hechos, aún no existe una fecha para que rinda cuentas sobre los avances de las investigaciones, pues las víctimas han denunciado diversos delitos como el robo de sus identidades y ahora temen que sus casos puedan quedar en la impunidad.
