Mañana domingo 10 de abril, según el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE), se llevará a cabo la controvertida consulta sobre la “revocación de mandato”. Dicho evento, sobre todo en los últimos días, ha generado posiciones encontradas entre el pueblo mexicano, incluso ha generado una gravísima polarización. Se trata, según juristas y politólogos de un ejercicio inútil que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se sacó de la manga y ha trastocado la ley, habida cuenta de que él fue electo por el voto mayoritario de los mexicanos para estar al frente del ejecutivo federal durante seis años. Sin embargo, en el ego presidencial, se trata de medir la simpatía que tiene entre los diversos sectores sociales y, como dicen algunos analistas, preparar el terreno para el proceso de 2024. Es más, muchos han asumida dicha consulta, como una sospecha de querer perpetuarse en el poder presidencial, aunque el aludido lo niegue.
El fin de semana pasado, contraviniendo toda regla que prohíbe hacer actos proselitistas en vedas electorales, para muchos generó honda preocupación el discurso que, para promover la citada revocación de mandato, pronunció el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, agrediendo verbalmente a un órgano autónomo, responsable del proceso que se llevará a cabo mañana: el INE. Ninguna buena señal mostró ante el pueblo mexicano, viajar en un avión oficial de la Guardia Nacional y poner en la misma tesitura discursiva al titular de dicha corporación. Ello muestra una descomposición del poder político y el abuso que, desde la más alta jerarquía oficial se sigue cometiendo en contra del cuerpo jurídico. Lo que menos ha importado a López Obrador y camarilla, incluyendo a los legisladores lame-botas, es el respeto por la Constitución.
Grupos opositores no al partido en el poder ni a la camarilla presidencial, sino a las formas burdas en las que se vulneran las leyes, votarán mañana en contra de la permanencia de López Obrador al frente de la presidencia o, como ha ocurrido siempre, se habrán de abstener de participar en lo que ha sido calificado como una farsa. El país está hoy en día sobre tierras fangosas, arrastrando más pobreza, más carestía. La inflación está por encima de la que padecimos hace 20 años. Los precios de las gasolinas siguen en ascenso. Es decir, el gobierno ha sido un fiasco, empecinado en caprichos y en proyectos que sólo generan repudio e indignación ciudadana. Desde los tiempos revolucionarios, el país jamás estuvo tan fracturado y dividido como hoy.
Urge desalojo
Nadie entiende el por qué el gobierno de Alejandro Murat no ha movido un solo dedo para que un equipo jurídico acuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, y documentar ante los jueces, la apropiación ilegal que un grupo de indígenas triquis, no más de veinte depositarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han hecho de un sitio emblemático para los habitantes de la capital oaxaqueña: los pasillos del Palacio de Gobierno. Más aún, de la forma tan ruin con la que han lucrado con dicho espacio, al arrendar a terceros espacios que son públicos, no propiedad privada. Han pasado doce años desde que este grupo, con el argumento de que fueron desplazados de sus comunidades, pertenecientes a San Miguel Copala, huyeron de las mismas, ante la violencia de grupos y organizaciones.
Muchas voces, incluyendo oaxaqueños que llegan en períodos vacacionales y gustan de acudir a tomar el café, desayunar o comer en los portales del Zócalo, se han unido en la petición de un urgente desalojo. No se puede creer que el hecho de contar con las citadas medidas cautelares le otorgue a este grupo de indígenas, el derecho para demoler la imagen de nuestra capital, nombrada por el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Patrimonio Cultural de la Humanidad, además, una ciudad que desde 1950 fue catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Ciudad de Sitios y Monumentos. Es más, diversos organismos internacionales se han pronunciado por conservar el legado que generaciones anteriores dejaron para las del futuro.
Pero, ¿cómo hacerlo, ante la pasividad del mismo gobierno estatal para promover la defensa jurídica y rescatar el citado espacio público? Durante todo el sexenio del Gobernador Gabino Cué (2010-2016) y lo que va del de Alejandro Murat (2016-2022), que en poco más de siete meses concluye su mandato, los triquis se han mantenido lucrando con los pasillos del Palacio de Gobierno, como si no existieran elementos legales para exigir que este grupo de presuntos desplazados, retornen a su tierra natal. Es evidente que ya les gustó el negocio y asumirse como víctimas, para seguir usando un espacio que no les pertenece como hotel de paso, mercado de artesanías, cocina y excusado.
