Cada vez se sigue haciendo más necesaria la regulación legal en las redes sociales. Crear una cuenta apócrifa y desde el anonimato, insultar, agredir y descalificar sobre todo a mujeres, se ha hecho algo común. Cualquier hijo de vecino, escudado en un determinado nombre, se asume el nuevo miembro del Santo Oficio para lastimar, herir y vulnerar la intimidad de una persona, más cuando ésta se ve involucrada en un hecho desafortunado. Muchas son las cuentas que no se identifican por nombre, sino con un membrete. Y desde ahí se lanzan sobre sus presas, como perros sobre el hueso. Y lamentablemente ninguna autoridad puede proceder legalmente pues se trata de máscaras sin nombre. Twitter y Facebook han devenido, muchas veces, plataformas de acoso sexual y mensajes de contenido morboso, todo ello en un ambiente de absoluta impunidad.
La recién aprobada Ley Olimpia castiga con penas corporales la difusión de fotografías o videos de contenido sexual, sin autorización de la persona que sea objeto de las mismas. Sin embargo, hace falta mucho por hacer. Se ha vuelto algo común subir a la red videos, para que los mismos sean manipulados a placer, sobre todo por algunas mentes enfermas, que en las citadas redes sociales sacan a flote sus frustraciones o traumas. Se habla mucho de los avances en materia de equidad de género, de fiscalías u oficinas encargadas de la defensa de la mujer, sin embargo, ésta sigue siendo objeto de insultos, amenazas y descalificación, de parte de misóginos y frustrados, que usan las redes sociales, justamente para eso. Y las autoridades sólo se encogen de hombros, porque a pesar de la existencia de áreas policiales que investigan delitos cibernéticos, minimizan estos delitos.
En nuestro ambiente aldeano y pervertido un hecho menor es magnificado, por quienes pretenden alcanzar notoriedad. Se convierten en jueces y fiscales, enmascarados, en el anonimato de una cuenta apócrifa. Y desde ahí se lanzan a descalificar, demeritar, zaherir, cual si fueran ejemplos de pureza ética y apóstoles de la moral pública. Es urgente que las instituciones competentes pongan freno a esos hechos. Y los legisladores aprobaron normas. Nada, absolutamente nada justifica, encubrirse en una cuenta sin nombre ni apellido y desde ahí lanzarse contra todo aquello que no comulgue con sus intereses. Aquí el valor civil es una utopía y la cobardía una institución. Las benditas redes sociales con exponentes tan de baja estofa, sólo contribuyen a hacer que el avance de la tecnología sea una guarida de cobardes.
Política fallida
Durante su campaña política para la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, el actual edil Francisco Martínez Neri ofreció a la ciudadanía, poner remedio al crecimiento desmedido del comercio en la vía pública. Dijo entonces, que sería una de sus prioridades y que, en coordinación con el gobierno estatal, habría de formular una política para devolverle al Centro Histórico de la capital, su señorío y belleza de antaño. Para robustecer su planteamiento reconoció no tener compromiso político con ninguno de los grupos y organizaciones que han invadido con comerciantes y puestos el zócalo y las calles aledañas. Sin embargo, han pasado ya más de tres meses de la gestión de este ayuntamiento y dichos espacios lucen como si se tratara de un gigantesco mercado. Es decir, se trató de una tomada de pelo para la ciudadanía y para el comercio establecido en esa zona de la ciudad.
Hace poco más de un mes, el gobierno local lanzó una convocatoria a los comerciantes en la vía pública de las diversas organizaciones a las que pertenecen, para que acudieran a mesas de registro puestas ex professo y realizar un censo de aquellos que tenían su documentación en regla, particularmente los permisos para operar. Fueron unos cuantos. La mayoría no cuenta con documentos que amparen permisos o licencias para vender en la calle. Es más, para protestar en contra de dicha medida, la organización “14 de junio” realizó un plantón en la Plaza de la Danza, buscando eludir la entrega de los permisos requeridos. Según se ha dado a conocer a los medios de comunicación, se ha avanzado en la realización del censo de comerciantes e inclusive de operativos para retirar a aquellos que no cuenten con las licencias respectivas.
Empero, con tristeza vemos que el zócalo de la capital se encuentra nuevamente invadido por comerciantes de una y mil mercancías, muchas de ellas ni siquiera son productos artesanales o locales. Amén de los indígenas triquis que se adueñaron de los pasillos del Palacio de Gobierno, desde 2010 y que la actual administración estatal ha permitido que sigan ahí con el ardid de tienen medida cautelares, el espectáculo que da a propios y extraños nuestro zócalo es deprimente. Su fealdad contrasta con la cantidad de visitantes del país o el extranjero que circulan por sus inmediaciones que, sin ser temporada vacacional, atiborran restaurantes y bares de los portales.
