Al menos ocho excompañeros de escuela de Gonzalo López Beltrán, uno de los cuatro hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador —el menor de su primer matrimonio—, consiguieron su primer empleo en gobierno pese a no cumplir con el perfil requerido para los puestos. En algunos casos, no están titulados o no tienen experiencia laboral en las áreas que dirigen y que son claves en la actual administración, como la implementación de programas educativos, la política frente al desplazamiento forzado, reubicaciones por el Tren Maya o la administración de presupuestos millonarios.
Se trata de plazas de directores, subdirectores y jefaturas con salarios que van de los 50 mil hasta los 141 mil pesos mensuales brutos, en la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Gobernación (Segob), Fonatur Infraestructura, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y Presidencia.
El punto en común entre ellos y el hijo del presidente es que todos estudiaron en la Secundaria y Preparatoria Logos —en la colonia Del Valle de la Ciudad de México— y han mantenido una cercana amistad por más de una década, como consta en sus publicaciones en redes sociales, con fotografías de sus reuniones grupales. La más reciente es de diciembre pasado.
De acuerdo con sus currículums y declaraciones patrimoniales, ocho de los jóvenes solo habían tenido dos empleos antes de incorporarse a un puesto directivo en el gobierno. Todos iniciaron su vida laboral entre 2012 y 2015, en trabajos como atención a clientes, auxiliares administrativos, docentes o trabajo por su cuenta. Dos dirigieron la defensa y promoción del voto para Morena durante la campaña de López Obrador en 2018.
Por ejemplo, Hernando Peniche Montfort es licenciado en Historia y ocupa una de las 19 direcciones más importantes en la SEP. Como coordinador general de Enlace Educativo, tiene la responsabilidad de ser el vínculo entre la Federación y las entidades federativas para operar las estrategias educativas, que van desde trámites hasta la implementación de programas prioritarios como La Escuela es Nuestra, Universidades Benito Juárez y Becas del Bienestar.
Se trata de incidir en un sistema educativo de 36 millones de estudiantes y 1.6 millones de profesores de todo el país. De ahí que Peniche Montfort mantiene encuentros con los secretarios de Educación o rectores de universidades estatales, en representación de la titular, Delfina Gómez, como lo registran notas periodísticas locales.
De acuerdo con el perfil del puesto, debía cumplir con ocho años de experiencia en áreas como pedagogía, geografía, sociología o ciencia política. Sin embargo, solo trabajó como maestro en la escuela Logos durante cinco años y como redactor de contenidos en la UNAM durante cinco meses.
Peniche Montfort también fue coordinador nacional de defensa del voto de Morena en 2018 y su primera oportunidad en gobierno fue como parte de la Ayudantía, el área que apoya en la logística de los eventos del presidente. Ahí estuvo de septiembre de 2019 a abril de 2021.
Desde mayo de 2021, ocupa la coordinación en la SEP, en la cual, según el estatuto orgánico de la dependencia, debe “coadyuvar al cumplimiento de los programas, proyectos y trámites a cargo de la SEP mediante la coordinación de actividades que realizan las delegaciones federales de la SEP” y “coordinar las tareas de las delegaciones en los estados”.
Otro caso es Claudio Frausto Lara, director de Evaluación de Políticas para el Control de la Movilidad Humana, es decir, desplazamiento forzado, fenómeno del que existe poca información estadística en el país, según refieren informes al respecto.
Por ello, esta área debe “planear la metodología de monitoreo y evaluación de las políticas públicas en la materia y generar información estadística que apoye en la toma de decisiones”. Sin embargo, los informes y estudios sobre desplazamiento forzado publicados en la actual administración han estado a cargo del Consejo Nacional de Población, en el que no se refiere la colaboración de esa área de la Segob.
De acuerdo con información del Censo 2020, que incluyó una pregunta sobre el desplazamiento forzado por inseguridad delictiva o violencia, más de 262 mil personas dijeron haber abandonado sus hogares por esa razón. Ellos serían la población que la Dirección de Evaluación de la Segob tendría que atender, pues su responsabilidad es implementar las normas y los procedimientos de operación para la “atención, prevención y reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado”, de acuerdo con el perfil del puesto.
Quien ocupara esta dirección debía cumplir con cinco años de experiencia laboral en áreas como matemáticas, ciencias económicas, ciencias jurídicas y derecho, ciencia política y sociología. Frausto Lara, en cambio, solo trabajó por tres años en la organización no gubernamental Elige Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, AC, como coordinador de la campaña de alfabetización para adultos, y en el área de “incidencia política”.
Pablo Dalí García Martínez es director de área en la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia desde septiembre de 2020, puesto cuyo salario mensual es de 81 mil 174 pesos brutos.
Sin embargo, no se puede saber exactamente qué hace. De acuerdo con el perfil del puesto donde se deben explicar las responsabilidades y los requisitos, se indica que “referente al personal adscrito a la Oficina de la Presidencia de la República (OPR), no le aplica la norma de descripción, perfil y valuación de puestos, toda vez que la OPR está conformada por una estructura ocupacional”.
Aunque estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM, no está titulado, y su experiencia laboral incluye haber sido auxiliar administrativo en la escuela Logos y enlace administrativo en Morena Tlaxcala, además de coordinador nacional de la estructura de defensa del voto de Morena. Para trabajar en esa área de Presidencia, se pide solo ser pasante o titulado y un año de experiencia en administración pública.
Daniel Ahumada Durán, ingeniero en Sistemas Automotrices, es subdirector de área en la Unidad de Administración y Finanzas en la SEP, la dependencia que tiene el mayor presupuesto, con 364 mil millones de pesos para 2022.
