Existe un pensamiento generalizado entre la clase política, de ver a las corporaciones policiales, cual si estuvieran formadas por personas sin dignidad ni sentimientos. Es decir, por hombres y mujeres capaces de tolerar las peores humillaciones y las carencias más aberrantes. Un ejemplo de esa visión aldeana, lo tenemos a la vista hoy en día con la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, cuyo trabajo institucional siempre se ve con el perfil del poco profesionalismo y nula vocación de servicio, pero poco se atiende la situación real en la que los jenízaros desempeñan su labor para proteger a la sociedad y salvaguardar la seguridad ciudadana. La semana pasada, en nuestra portada, publicamos fotografías de algunas “casetas de vigilancia”, en el Centro Histórico, hechas de láminas de cartón y techo de plástico.
Por fortuna, el presidente municipal de la capital, Francisco Martínez Neri, dispuso su retiro y aceptó que no hay recursos para mejorar las condiciones en que opera la corporación. No es fortuito pues, que a menudo circulan en redes sociales quejas de los efectivos policiales, con demandas reiteradas una y otra vez: dotación de uniformes, equipo, armamento y condiciones adecuadas para hacer frente a un índice delictivo cada vez más creciente. El robo a transeúntes, a casas-habitación, a comercios, etc., no se pueden paliar sólo con promesas de combatir, sino con hechos concretos. Dada la crisis brutal que desató el gobierno anterior, por el mal uso de los recursos públicos, se dejó de suministrar gasolina tanto a los camiones recolectores de basura como a las patrullas. ¿Cómo, pues, hacer frente a los delincuentes con patrullas sin gasolina, o con límite en el abastecimiento; sin armas y sin equipo?
Quienes gobiernan deben dejar de ver a policías y corporaciones como temas de segunda. La inseguridad es hoy en día un cáncer pernicioso. El país sobrevive con niveles de violencia y muerte nunca vistos en el pasado, gracias a una laxa y absurda política de “abrazos, no balazos”. Sin embargo, en cada estado, en cada municipio, en cada agencia, quien tiene el mando debe hacer su trabajo, sin mayor convicción que darle al ciudadano la certeza de que se busca la protección de su vida y la de su patrimonio. Se pueden esperar mejores resultados siempre que a la policía se le otorguen los elementos necesarios para hacer su labor.
Urgen medidas punitivas
La libertad de expresión; las manifestaciones para protestar o difundir demandas, entre otras son derechos constitucionales. Van en sentido contrario cuando vulneran el derecho de terceros, como es el caso de los bloqueos carreteros o citadinos. Ahí se convierten en foros para pregonar derechos, afectando los de otros. Sin embargo, quienes aprueban leyes en este país, ven lo anterior con el rabillo del ojo. No les interesa discutir iniciativas o aprobar decretos que puedan acotar o prohibir dichos excesos y atropellos, justificándolos porque muchos de ellos provienen de esa cultura. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador proviene de la misma. Es decir, ir en contra de dichos métodos o pretender acotarlos es algo así como una apostasía política. Nadie quiere desatar la ira del tirano, sin hacerse acreedor al impacto de la misma.
Sin embargo, la movilización y la protesta nada tienen que ver con el daño al patrimonio histórico de los oaxaqueños que, so pretexto de exigir tal o cual demanda, toman las canteras de edificios de los Siglos XVI al XVIII, como lienzo para plasmar consignas. Las afectaciones que genera la pintura en aerosol son irreversibles. Las cuadrillas de trabajadores que limpian y lavan dan cuenta del desgaste de las piedras, cada vez que son intervenidas para devolverle algo de su limpieza. En 2021, durante una manifestación de mujeres, un grupo violento penetró hasta el interior de la Iglesia de San Cosme y San Damián y destruyó bancas e imágenes. Hicieron y deshicieron sin recibir castigo. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, las afectaciones a negocios particulares, puertas y paredes, así como a edificios públicos, fueron brutales. Todo quedó en la impunidad, pese a que algunos afectados interpusieron demandas ante el Ministerio Público.
En tanto se sigan solapando la impunidad de grupos, normalistas, maestros, mujeres, feministas, etc., nuestro patrimonio histórico seguirá en riesgo. Nadie ignora que nuestra capital es, desde mediados del Siglo XX, lugar de sitios y monumentos. Ninguno se puede sustraer a la responsabilidad que nos compete a todos de proteger y salvaguardar dicho patrimonio. Y no se trata de una postura de protagonismo sino de responsabilidad histórica. Oaxaca urge de un marco jurídico que castigue a quien dañe lo que nuestros ancestros nos legaron. Así de simple.
