El titular de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, reconoció en entrevista con EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, el fin de semana pasado, que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sigue firme en el compromiso de seguir apoyando a los oaxaqueños que resultaron afectados con el sismo del pasado 7 de septiembre y los subsecuentes. En efecto, no ha sido fortuito que el mandatario haya visitado la zona de desastre en tres ocasiones, en menos de dos semanas. Primero estuvo en Juchitán de Zaragoza, posteriormente en Santa María Xadani y, el pasado 22 de septiembre en Santiago Niltepec, que son tres de los municipios más afectados en la pasada emergencia. En esta última visita y ante la exigencia de los afectados respecto a la labores de reconstrucción, se dio a conocer que la misma contará con el apoyo de la Federación, pero será una labor de corresponsabilidad de los damnificados, es decir, que se les proveerá de recursos económicos o materiales industrializados, pero ello no implica que el gobierno les construya a modo sus viviendas.
En torno a la presencia de la mayor parte del gabinete federal en la zona siniestrada, en tareas que el mismo presidente de México asignó a sus colaboradores más cercanos, el vocero presidencial subrayó que siguen y seguirán al frente de las tareas de reconstrucción, tal cual fue la encomienda del ejecutivo federal. Justo cuando se suscitaron los hechos del sismo del 19 de septiembre pasado, hubo entre los oaxaqueños la certeza de que habíamos pasado a segundo término, pues el gobierno federal volcaría el apoyo hacia las entidades afectadas, particularmente la Ciudad de México, sede de los poderes de la Unión. Sin embargo, la confianza revivió con la visita presidencial y la declaración de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles, en el sentido de que los oaxaqueños no quedaríamos a nuestra suerte, sino que estaba firme el compromiso presidencial. Si había dudas pues, se pusieron en claro con la entrevista al vocero presidencial, quien se mantuvo en la misma línea de que el apoyo para la reconstrucción y rehabilitación continuará hasta que los oaxaqueños de la zona istmeña, los mixes y otros afectados, vuelvan a la normalidad.
La comparación es mala
Hace un par de semanas, la noticia del asesinato de la joven Mara Fernanda Castilla, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cimbró las fibras más sensibles del pueblo mexicano. Se trata del asesinato número 58 –según las autoridades- y más de 80 –según los grupos civiles- de asesinatos de mujeres, conocidos como feminicidios en dicho estado. El ilícito fue cometido presuntamente por un chofer de la empresa “Cabify”, que presta servicio de taxis en la capital poblana, el mismo que hoy ha sido vinculado a proceso y en prisión preventiva, por una serie de contradicciones en sus declaraciones y las pruebas que el Ministerio Público y agentes investigadores han encontrado en su contra. Según las autoridades, el sujeto de nombre Ricardo Alexis Díaz, había laborado tiempo atrás en una empresa similar, “Huber”, de donde fue despedido por un comportamiento negativo en contra de los clientes, pero contratado por la primera empresa, sin haberse investigado los antecedentes. La presión ciudadana en contra del presunto violador y homicida, además de la empresa en la que éste laboraba, generó en el gobierno del vecino estado de Puebla la decisión de suspender el permiso a “Cabify”, desde el 18 de septiembre. Es decir, en atributo a lo que la Ley de Transporte dispone, el Estado asumió con dureza el papel de prohibir que las unidades de la empresa citada sigan operando, al no garantizar la seguridad de los usuarios.
Sin embargo, en Oaxaca sería imposible una medida similar. Los concesionarios del transporte de pasajeros, se han limitado a los sindicatos ligados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM); a la Confederación Nacional de la Productividad (CNP); al Sindicato “Libertad” o la Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca (FESO), que operan con esquemas similares al crimen organizado. Son estos los que se han apropiado del transporte y han hecho de las concesiones que otorga el gobierno, como representante del Estado, su coto de poder económico, político y hasta criminal. En Puebla nadie hizo gestos. Aquí, de haberse dado una medida similar, hay la certeza de que la entidad sería paralizada por esta mafia que se ha apropiado de ese bien público. Y es que en Oaxaca se ha perdido prácticamente el control del transporte. En las unidades llamadas “foráneas” se han cometido una serie de ilícitos, sin que los mismos tengan castigo. Es la impunidad la que ofende.
