Si bien es cierto que el tema se inscribe en los dimes y diretes; jalones y tirones, en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por la candidatura para el gobierno de Oaxaca, en cuyo entorno político nada es casual, llamó la atención el operativo que instrumentaron el pasado viernes, las Fuerzas Federales: Guardia Nacional y Ejército Mexicano, así como la Policía Estatal, para detener en el Istmo de Tehuantepec, a un presunto delincuente. Se trató nada más y nada menos que, de César Octavio Morales, hermano del ex presidente municipal de San Blas Atempa, Antonino Morales Toledo, conocido, desde hace muchos años, como uno de los principales operadores del negocio ilícito del robo de ductos de gasolina. Sin embargo –y eso hay que decirlo- flaco favor le hacen al senador Salomón Jara, precandidato a la gubernatura, este tipo de operadores.
El citado operativo tuvo tal relevancia que del mismo dio cuenta la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a través no de un boletín sino de una tarjeta informativa sobre una presunta denuncia anónima. La persona que finalmente fue detenida, tiene en su historial haber sido asegurado hace al menos dos años, cuando a bordo de un vehículo de motor circulaba por una carretera de la región istmeña llevando dinero en efectivo cuya procedencia no pudo probar. Pese a ello, no fue consignado. Sin embargo, lo que llama la atención es que el edil de San Blas, conocido como “Nino Morales”, fue también el fundador de una organización en la que ha aglutinado a la mayoría de ediles istmeños afines al senador Jara. Dicha organización, el Frente Único de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), arrancó el 1 de diciembre de 2018, justo cuando tomaba posesión el presidente de México. Un año y medio después, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le aseguró sus cuentas personales.
Hemos aprendido que en política no hay casualidades, por lo que, no ha dejado de sorprender que los hechos se dieron cuando el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, había anunciado que el senador tendría todo el apoyo de su partido para iniciar su precampaña. Y en efecto, así es. Luego de que el Tribunal Estatal Electoral (TEEO), desechara las impugnaciones de la senadora Susana Harp y autorizara al senador serrano, para arrancar su labor de proselitismo. Ojalá, a tiempo, el citado legislador de la Cámara Alta haga público su deslinde de colaboradores y operadores que han vivido al filo de la ley.
Añejos litigios
Resulta hasta ofensivo que, mientras el gobernador Alejandro Murat anunciaba la construcción del Archivo Agrario Nacional, en un predio presuntamente propiedad del gobierno estatal, brincara la protesta de ex trabajadores de la extinta empresa denominada “Novopan de Oaxaca”, reclamando la depositaría del predio referido. Este incidente ocurrió el pasado martes durante la visita de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, además de presidenta honoraria del Consejo Asesor de Memoria de México y del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, quienes acudieron, seguramente por la invitación del ejecutivo estatal, a validar la construcción del referido acervo que, según el último, se habrá de construir en al menos doce meses. No es la primera vez que el predio en cuestión exhibe sus aristas de ser una manzana de la discordia.
Hace poco más de un año, el gobernador acudió a la zona del Mercado de Abasto, para iniciar los trabajos de limpieza de los playones del Río Atoyac que, por cierto, eran territorio de disputa de concesionarios del transporte de materiales de construcción, en cuyo pleito, habían dejado como saldo personas muertas. Poco tiempo pasó para que, de nueva cuenta, se apropiaran de los espacios que, todo mundo sabe, son públicos. El caso del predio que apuntamos al principio, el mismo, se sabe, había sido presuntamente ganado en litigio por un abogado que está privado de la libertad en el Penal Regional de la Villa de Etla y quien decía a quien quisiera escucharlo, que es el legítimo propietario. Otras fuentes revelan que el referido terreno fue asegurado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por adeudos en el pago de cuotas obrero-patronales. En fin. Es un verdadero acertijo saber a quién o quiénes pertenece.
Lo cierto es que para poder emprender una obra de la magnitud que anunció el ejecutivo estatal, nada mejor que poner en orden los documentos de la propiedad. En tanto no exista certeza jurídica en un predio, como se han dado casos en la construcción de escuelas u hospitales, entre otras obras, siempre estarán edificados sobre bases endebles desde el punto de vista legal. En Oaxaca, todo mundo lo sabe, no existe certeza jurídica en la propiedad de la tierra, ya que la mayoría es comunal. Bajo esa premisa tiene que verse la construcción que anunció el ejecutivo estatal.
