Diputados y diputadas de la LXV Legislatura del Estado deben sacudirse la modorra y el fundamentalismo, sobre todo el que ha afectado a la bancada de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) o Unidad Popular (PUP). Oaxaca urge de nuevas leyes y reglamentos, pero sobre todo de una: que regule o acote las manifestaciones y los bloqueos carreteros, a cruceros y calles. Los oaxaqueños no podemos más. Se ha malentendido la llamada libertad de expresión y trastocado por un delito: afectaciones a las vías generales de comunicación. Empresarios, prestadores de servicios, comerciantes, profesionistas, padres y madres de familia, exigen que este tipo de prácticas de chantaje ya termine o que, al menos, tengan un castigo ejemplar.
Lo que vivimos los citadinos en la segunda quincena de diciembre y en los primeros días de enero, no debe repetirse. Sean cuales fueren las demandas no existe razón para afectar el derecho de terceros a la libre circulación; un derecho consagrado en nuestra Constitución. Desde hace años se ha dicho ¡basta!, a este tipo de prácticas de chantaje. Un caso particular, un asunto privado, como fue la detención del ex rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), o cualquier otro asunto de tipo legal, no debe ser motivo para acotar y poner contra la pared a la ciudadanía inerme. Es una irresponsabilidad de los llamados representantes populares dejar hacer y dejar pasar esta práctica abominable. Nuestro estado jamás –y lo hemos dicho con cierta recurrencia- podrá salir del atraso y la marginación, en tanto se siga solapando la industria del chantaje.
La organización “Unidos por Oaxaca”, ha invitado a la ciudadanía oaxaqueña a interponer quejas y denuncias ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por la violación flagrante a las garantías individuales, por sujetos, organizaciones, sindicatos y demás, que recurren a menudo a esta práctica. La sociedad oaxaqueña está harta. No tolera más la política del avestruz que se practica en el gobierno estatal y a la apatía del poder legislativo. Desde hace años, la iniciativa de acotar los bloqueos ha tenido un respaldo generalizado. No es algo nuevo. Nos preguntamos: ¿hasta dónde habrá de llegar la tolerancia ciudadana ante este método constante y permanente de agresión y violación al derecho de libre circulación?
Delincuencia desatada
Hace un par de meses fue detenido y, posteriormente vinculado a proceso en un penal federal del estado de Michoacán, el ex diputado local y ex presidente municipal por dos veces en Cosolapa, Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez. Se le señala como presunto responsable de estar vinculado con grupos delictivos que asuelan la zona de la Cuenca del Papaloapan, una región que, como todo mundo sabe, es tierra de disputa de los cárteles criminales. Si bien, durante algún tiempo cedieron las ejecuciones y los homicidios dolosos en la zona de Tuxtepec, Loma Bonita, Acatlán de Pérez Figueroa y otras poblaciones, la situación continúa “caliente”, sobre todo a partir de hechos recientes en la zona que colinda con Veracruz, de la que han dado cuenta medios impresos, electrónicos y, sobre todo, redes sociales.
La semana anterior, se difundió profusamente, un video en donde un grupo criminal identificado como “las cuatro letras”, interroga a un sujeto, originario de la población de Santuario, Veracruz, quien se dijo, sobrino del Secretario General de Gobierno de la vecina entidad y quien, según la confesión del aludido, apoya a conocido cártel de la droga. Los detenidos por el grupo criminal yacen de rodillas. Poco después sus cuerpos inertes aparecen en la entrada de Ciudad Isla, en el entronque de la carretera La Tinaja-Cosoleacaque. Un hecho que generó zozobra y temor en la zona limítrofe entre Oaxaca-Veracruz, dado que dichas poblaciones se encuentran en el mismo territorio de la Cuenca del Río Papaloapan, además de que, las operaciones criminales involucran a jefes de plaza, en la citada región.
En el caso oaxaqueño y con una gran relación a lo que ocurre en las poblaciones de Veracruz y Tuxtepec, siguen las ejecuciones y homicidios dolosos, particularmente en las poblaciones de Matías Romero y Juchitán. Más de 10 ejecuciones se han registrado aquí en los últimos días. Apenas el martes pasado comentamos que, en una de las obras emblemáticas del gobierno de la Cuarta Transformación, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ya tienen metidas las manos dos conocidos cárteles, con fama de violentos. Y ello lo ha reconocido el mismo gobierno federal que sigue con su absurda política de “abrazos no balazos”, cuando el país los siembran de cadáveres, como lo ocurrido en Zacatecas o Ciudad Isla, Veracruz, de los cuales, como siempre, los gobiernos de dichas entidades se lavan las manos, acusando a administraciones pasadas.
