No nos equivocamos al afirmar que la toma de casetas de peaje, algunas de ellas de manera violenta por organizaciones sociales, comuneros o simples vividores, tendrían su festín en diciembre. Y así fue. Desde el inicio del período vacacional este ilícito se convirtió en una cuestión cotidiana hasta los primeros días de enero. Es más, el 4 de este mes, una organización social, armada con palos y machetes estuvo en la caseta de Suchixtlahuaca, amenazando a automovilistas y transportistas para pagarles el pasaje. La denuncia se hizo de manera oportuna, pero ninguna autoridad ni estatal ni federal lo recibo. Simplemente se encogen de hombros y dejan que pillos disfrazados de luchadores sociales atraquen a placer con absoluta impunidad. La toma de casetas de cobro se ha convertido en la tarjeta de presentación de Oaxaca ante el turismo nacional y extranjero.
Lo que sorprende es que desde el mes de noviembre trascendió la aprobación por parte del Senado de la República, de reformas a la Ley General de Vías de Comunicación, en donde se establecen sanciones pecuniarias o de privación de la libertad a aquellas personas que incurran en este delito. Sin embargo, por lo que comentamos líneas arriba, dicha ley es letra muerta en Oaxaca. Las autoridades estatales no pueden intervenir pues, se presume, que dicho ilícito está en el ámbito de competencia de la Federación. Es cierto, no es una disculpa. No obstante, bajo esa perspectiva, compete a la Guardia Nacional o a la Fiscalía General de la República (FGR), realizar lo que les compete. Estamos convencidos de que, con aquello de que en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación no habrá represión, seguramente las modificaciones a la ley son sólo parte de una faramalla mediática, sin aplicación práctica.
Usuarios, prestadores de servicios y ciudadanía en general exige a las autoridades poner un alto a este delito, que desde cualquier punto de vista se puede tipificar como daño a las vías generales de comunicación o robo a los bienes nacionales. Nada, absolutamente nada justifica este gran negocio de algunos dirigentes que, de esta manera, han encontrado el cinismo de llenarse los bolsillos sin que autoridad alguna los llame a cuentas. Es más, se sabe que los dirigentes de un grupo denominado “Colonias Unidas”, son ya prósperos empresarios de los millones que se han embolsado del atraco en la caseta de cobro de Huitzo.
La ley es dura, pero es la ley
Dura lex, sed lex, reza un adagio latino. La ley es dura, pero es la ley. Ello implica que el sistema de justicia, como brazo legal del Estado, debe aplicarse sin distinción y medir a todos con la misma vara, sin importar posición política o social; postura en el gobierno o en cualesquier otra institución financiera, gubernamental, académica o religiosa. Lo anterior viene a tema por la serie de presiones que estuvieron recibiendo los órganos de justicia locales, para liberar al ex rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Eduardo Martínez Helmes, las cuales han trastocaron una vez más, la tranquilidad ciudadana y la paz social. No es fortuita nuestra insistencia en que el gobierno de Alejandro Murat debe aplicar la ley. El argumento de que se respeta la autonomía universitaria es muy vago, cuando enfrente tenemos actos vandálicos de grupos políticos, porros, organizaciones sociales y líderes sin escrúpulos.
Lo trascendente es que las instancias de justicia no caigan en el juego de dichos grupos, inclusive, se dice, de narcomenudistas que han sentado sus reales en los campus universitarios. Ya es una práctica común en Oaxaca que, ante la aplicación de la norma en contra de aquellos que han infringido la ley, éstos mueven a sus leales, incondicionales o cómplices para realizar marchas, bloqueos o acciones temerarias, para doblegar a ministerios públicos o jueces. Si el ex funcionario detenido no tiene nada qué ocultar y se presume inocente, pues que lo demuestre y sus abogados argumenten lo que competa ante las instancias correspondientes. Si no lo es, tendrá el tiempo suficiente para su legítima defensa. Pero acudir a formas burdas de chantaje, eso no debe estar permitido por ninguna autoridad ni civil ni judicial.
Los medios de comunicación no debemos, por ética, ni ser jueces ni fiscales. Cada sujeto que es detenido por un delito que se le imputa es inocente hasta que las autoridades judiciales demuestren lo contrario. Lo importante es que dicha presunción de inocencia sea demostrada ante los órganos judiciales competentes. No es en la calle, con protestas o manifestaciones violentas como se puede resolver un caso de esta naturaleza. Ya basta de afectar a la ciudadanía inerme por un asunto particular que, insistimos, debe resolverse en el entorno de la ley y del Derecho. Alguien que ha sido rector de una universidad, debe tener un equipo jurídico de primera. Nada tienen que hacer ahí porros o delincuentes disfrazados de catedráticos.
