Terminado el Puente Guadalupe-Reyes, la situación de nuestro país continúa igual o peor que el año pasado, sobre todo por el índice de inflación que raya en el 8% a tasa anual, que es el más alto desde hace 20 años.
En ese contexto, destacan políticamente dos asuntos a saber: el inicio del proceso normal contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y su señora madre, para quienes la Fiscalía General de la República pide 39 años y 25 de cárcel, respectivamente. Claro, falta lo que diga el juez de la causa en la sentencia que dicte; por cierto, Rosario Robles sigue en prisión preventiva desde hace más de dos años, sin que se inicie su proceso formal.
Asimismo, vivimos el suspenso de la decisión sobre la remoción del mandato del señor presidente López Obrador, que será decidida en el mes de abril, mediante una suerte de elección en 161 casillas en todo el país, a semejanza de las elecciones federales.
La institución encargada de este proceso es el INE, que ha manifestado no tener los recursos necesarios para efectuar la votación de marras, al grado que interpuso una controversia ante la SCJN, la que en decisión firme le ordenó cumplir con la Constitución y llevar a cabo el proceso completo, añadió que si no tenía los recursos se los pidiera a la Secretaría de Hacienda, suspenso que se mantiene hasta la fecha.
Le hacen falta al INE dos mil millones de pesos. En este contexto, son necesarias 2 mil 800 firmas para que la votación sea obligatoria, y parece que están a punto de lograrlas los interesados en esa votación.
Ahora bien, para que el señor presidente sea removido de su cargo, será necesario que se obtenga cuando menos el 40% de la votación de toda la ciudadanía, cerca de 38 millones de votos, sin los cuales el resultado no sería vinculatorio, es decir, que no tendría efecto alguno sobre la remoción y AMLO seguiría en el poder.
En lo particular pienso, es un decir, que es perder el tiempo y dinero en este asunto, ya que en caso de que los ciudadanos voten porque sea removido el señor presidente, a mi juicio sería inconstitucional aplicar a AMLO tal decisión, tomando en cuenta que la propia Constitución establece que a ninguna ley se le debe dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, entonces el proceso de remoción sería válido en otros comicios, sobre la persona de los próximos presidentes.
Esperemos, pues, los acontecimientos de este enredoso asunto.
Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontraremos.
