El fin de año dejó en evidencia muchas de las irregularidades del ayuntamiento capitalino que presidió Oswaldo García Jarquín. No sólo la protesta de centenas de trabajadores de confianza a quienes no se les pagaron sus honorarios ni, mucho menos el aguinaldo, sino además, la exigencia de centenas de propietarios y representantes legales de empresas que prestaron sus servicios al municipio de Oaxaca de Juárez, a las que se les adeudan millones de pesos. Dichos adeudos se le han anexado sin más, al presidente municipal actual, Francisco Martínez Neri que tendrá que endeudar a su administración. Se trata de resabios nocivos de una pésima gestión; de un gobierno local irresponsable; de un equipo incapaz de prever el manejo institucional de un orden de gobierno. La evidencia de que el ex presidente andaba todo el tiempo ausente o de viaje, muestra con claridad que la apatía hizo el cóctel perfecto con la torpeza.
La ciudadanía espera que el pago de deudas no contraídas por la actual administración municipal o la liquidación de compromisos tanto laborales como de otra naturaleza no tengan como consecuencia que el pueblo pague los platos rotos. Además, que este lastre pernicioso que dejó el gobierno anterior, no sea motivo para detener proyectos y compromisos que el actual edil hizo con la sociedad en su conjunto. Las consecuencias las hemos tenido que pagar los ciudadanos, como es el hecho de la suspensión casi generalizada de la recolección de basura durante al menos los últimos diez días de diciembre. Esta situación generó una acción ejemplar de la sociedad civil, como fue el caso de los comerciantes y prestadores de servicios turísticos del Centro Histórico, que se organizaron para recoger los desechos sólidos de calles, parques y banquetas.
He ahí el por qué insistimos en que la mala administración municipal del edil referido debe tener consecuencias legales. La tarea es del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) que, con todo lo que se ha dicho y publicado en los medios, tiene los elementos suficientes para proceder legalmente en contra de quienes dejaron el gobierno local en la indigencia total. Insistimos: se debe sentar un precedente ante los 570 municipios que tiene la entidad y, sobre todo en los más grandes, de que no hay saqueo ni mala administración sin castigo. En El Mejor diario de Oaxaca estaremos pendientes de cómo procederá el órgano fiscalizador y si su actuar no es sólo ficción.
Transporte en las mismas
Oaxaca tiene uno de los sistemas de transporte más arcaicos del país. Nos referimos en especial a esas pequeñas unidades que, cual hormigas circulan a diario por todas las carreteras federales y estatales de la entidad, sin control alguno. La referencia es a los llamados taxis “foráneos”, principales protagonistas de accidentes mortales, de abusos y atropellos, pero, además, de servir inclusive a grupos criminales para el cobro de derecho de piso o extorsiones. Ahí abunda la piratería, circular con placas sobrepuestas o clonadas. Hay denuncias de robos a camiones de mercancía o asaltos a plena luz del día. Se han detectado unidades que llevan pasajeros en la cajuela. Y lo peor, que nadie los sanciona con multas o cancelación de licencias o concesiones, sino que cometen ese tipo de ilícitos con absoluta impunidad.
La ciudad es un festín de dichas unidades que entran y salen por cientos a diario. Sin embargo, nadie les ha puesto un alto. La última semana de diciembre, usuarios de las poblaciones del Valle de Etla denunciaron que, sin autorización alguna de parte del organismo regulador, la Secretaría de Movilidad (Semovi), los concesionarios habían incrementado el costo del pasaje. En pocas palabras, nadie los controla. Los operadores hacen lo que los concesionarios les ordenan y éstos a los usuarios. Y no es un caso aislado. Es algo común. Imponen sus cuotas particulares sin que ninguna autoridad las regule. En la capital circulan por donde les da la gana y levantan pasaje sin que nadie les imponga restricciones. En fin, existe en este sistema anacrónico una impunidad absoluta.
Los compromisos que los gobiernos estatales, tanto éste como al menos dos anteriores, han contraído con dirigentes y falsos redentores sociales para calmar sus exigencias es otorgarles concesiones. Por ello, nadie los controla y de que tengamos en Oaxaca un sistema tan anacrónico como el que tenemos. Es increíble que haya ciudades como Tuxtla Gutiérrez u otras, que usan microbuses o unidades de mayor capacidad para las áreas conurbadas. Y aquí seguimos en lo mismo. Ya urge un cambio de política al respecto. Los oaxaqueños, desde diversos foros, han exigido un transporte digno y decoroso, adecuado a los tiempos en que vivimos y no ese sistema arcaico, atrasado e ineficiente que hemos tolerado en los últimos tiempos. Es urgente que el gobierno estatal, a través de la instancia oficial, ponga un alto a tanto abuso.
