Los últimos procesos electorales en la atomizada estructura municipal de Oaxaca se han dado con calma relativa. Son excepcionales los casos en donde debieron suspenderse las elecciones por evidencias de violencia, como es el caso de Santiago Laollaga, Santa María Mixtequilla o Santa María Xadani, los tres ubicados en la región del Istmo de Tehuantepec y ubicados como problemáticos. Hay otros que fueron descalificados por los órganos jurisdiccionales como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como es el caso de Santa Cruz Xoxocotlán o por el órgano local, como el Tribunal Estatal Electoral (TEEO), como es el caso de Chahuites, a dónde se habrán de llevar a cabo elecciones extraordinarias, habida cuenta de la existencia de anomalías como la primera o de un triunfo cerrado de cierto candidato como en el segundo. Según el árbitro local, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), dichos procesos serán en el mes de marzo.
A lo que vamos es a lo siguiente. En el pasado, digamos hace un decenio, el cambio de autoridades municipales era un verdadero desafío para el gobierno estatal. El día primero de enero, decenas de palacios municipales amanecían tomados por inconformes con el resultado de las elecciones, fueran por partidos políticos o por sistemas normativos indígenas. Todos se tasaban por igual. En algunas ocasiones se daban enfrentamientos con saldos mortales, tal es la forma pasional en la que muchos oaxaqueños de las zonas rurales viven los procesos de elecciones. Por fortuna eso ya no ha ocurrido y hay que reconocer el trabajo en ese sentido tanto del gobierno de Alejandro Murat como del árbitro electoral, además de la participación de los órganos jurisdiccionales que son los últimos en validar o descalificar la elección.
No está por demás que, la Secretaría General de Gobierno, responsable del manejo de la política interna en la entidad, haga un llamado a las autoridades salientes y entrantes el próximo primero de enero, para crear las condiciones idóneas a fin de que la transición y el cambio de la estafeta municipal se haga bajo estrictos criterios de civilidad, paz social y entendimiento. Ya es tiempo de ir dejando atrás rencillas añejas o que, bajo la premisa de que cierto partido tiene el predominio, aferrarse a un resultado que no les favoreció. Ya basta de violencia y de enfrentamientos.
Abusos: ¿Y el Congreso Federal?
Se sabe que en el Congreso de la Unión se ha discutido ya una iniciativa de ley para frenar los abusos de ciertas líneas aéreas que, de un día para otro se sacaron de la manga cobrar el equipaje de los pasajeros, imponiendo normas absurdas, además, obviamente de cobros excesivos. En cualquier parte del mundo, el pasajero tiene derecho a llevar cierto peso de equipaje. Sin embargo, recientemente, la línea que tiene el monopolio del transporte aéreo, es decir, Aeroméxico, a la hora de vender el boleto puede contemplar el derecho del pasajero a llevar equipaje en el compartimiento dispuesto ex professo en la aeronave o no, arrinconándolo a sólo llevar equipaje de mano, no mayor a 10 kilogramos de peso, en el que no puede llevar líquidos ni cosas que se consideren peligrosas. Sólo hasta en la sala de última espera se anuncia que, si alguien desea no llevar consigo su equipaje de mano, puede documentarlo de manera gratuita. En caso de que el pasajero ignore que su boleto no le da derecho a documentar equipaje, el costo puede ser tan alto como el mismo boleto.
Ya es tiempo de que el Congreso de la Unión, el único facultado para poner orden a la citada aerolínea, apruebe alguna ley o reglamento, para sancionar este tipo de conductas, además, obviamente, de los cobros altísimos por cambio de horario en los vuelos u otras. Existe tal impunidad en dicha empresa que un boleto Oaxaca-México o viceversa, puede costar, en tarifa turista en temporada vacacional, lo que cualquier otra línea aérea cobra a Miami o Nueva York. Sus tarifas y poca atención al usuario son un verdadero insulto o más bien, un robo. Y nadie, absolutamente nadie los mete al orden. Todo ello puede inhibir, es evidente, la afluencia de visitantes que llegan por vía aérea a la capital o cualquiera de nuestros destinos de playa: Huatulco o Puerto Escondido.
En cuanto se refiere a las líneas de bajo costo, tampoco escapan a los abusos. Afirman tener tarifas bajísimas, las cuales publicitan, sin embargo, no le informan al usuario del pago del Derecho de Uso de Aeropuerto, que incrementa la tarifa hasta en un 50%. Es el usuario pues, quien siempre paga los platos rotos, pues al menos en aquella línea que tiene el monopolio, toda queja ante la Procuraduría Federal para el Consumidor (Profeco), simplemente se estampa con una pared de impunidad. Algo tiene que hacer el Congreso de la Unión para frenar este tipo de abusos y atropellos.
