El pasado domingo trascendió que el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gustavo Díaz Sánchez, conocido como “El Gato”, quien fue detenido el 4 de noviembre, por la Fuerza Civil y Policía Estatal de Veracruz; consignado al penal de Pacho Viejo y, finalmente vinculado a proceso, fue trasladado al penal federal núm. 17 en el estado de Michoacán, acusado de tres delitos del fuero federal. La investigación sobre el caso del citado legislador, que por su situación no rindió protesta en la instalación formal de la Sexagésima quinta legislatura del Estado, fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), por tanto, salió del ámbito de competencia de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Ello implica que, se trata de acusaciones graves las que pesan sobre el legislador local reelecto en el distrito I, Acatlán de Pérez Figueroa.
Sin embargo, hay una serie de trascendidos, datos periodísticos y notas que, de estar probados, podrían hacer más grande este escándalo, habida cuenta de que, se ser cierto el hallazgo de un cuaderno en donde figuran nombres de funcionarios, legisladores locales y federales, además de reporteros, incluidos en la nómina, podría tener implicaciones mayores y meter al gobierno de Alejandro Murat en una dinámica de desgaste y golpeteo. El personaje vinculado a proceso era muy dado a organizar fiestas ostentosas y comelitones, a donde asistía lo más selecto del gabinete y la clase política en pleno. Desde hace al menos una década, algunos medios locales y del vecino estado lo vinculaban con los grupos delincuenciales que operan en la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz, que han dejado una estela de sangre y muerte.
En otro entorno hay que ver la ejecución de tres sujetos el pasado sábado por la noche en pleno centro de la población de Río Grande. Uno de ellos, hijo de la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Cecilia Rivas Márquez, pero emparentado con un conocido grupo caciquil de la Costa: los Iglesias Meza, que han mantenido a dicha zona, sumergida en el terror y el crimen. No es cosa menor este hecho delictivo, puesto que tiene implicaciones de carácter político. Si bien es cierto que el triple crimen se ha visto como un ajuste de cuentas entre los grupos delictivos que se disputan la plaza, sería prudente que el ejecutivo estatal realice, antes de concluir su mandato, una limpieza de funcionarios que acusen ligas con los hechos criminales que mencionamos.
Urge desalojo definitivo
Por lo visto, sólo aquí en Oaxaca, la excesiva tolerancia del gobierno ha permitido que indígenas triquis se hayan apropiado prácticamente de un espacio público, como son los pasillos del Palacio de Gobierno, pues el menos en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, hizo un llamado la semana pasada, al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas y al gobernador del estado, Alejandro Murat, para que resuelvan el problema de los triquis que mantienen un plantón sobre Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes. La Jefa de Gobierno afirmó que no han querido usar la fuerza pública. Sin embargo, se trata de al menos 30 personas de las 143 familias presuntamente desplazadas de la comunidad de Tierra Blanca, distrito de Juxtlahuaca, cuyos dirigentes se han negado a resolver el problema, aprovechando los escenarios de violencia para pedir canonjías al gobierno estatal.
En breve estaremos ya en el sexto año de esta administración y habrán pasado 12 años de que los triquis, liderados por Lorena Merino, Reyna y Jesús Martínez, se apropiaron prácticamente del espacio público aludido, sin que dos regímenes estatales hayan movido un dedo para desalojarlos. Se trata de una situación inédita. No todos los gobiernos pecan de tolerancia, más cuando se trata de la imagen de una ciudad y el perjuicio que ocasionan a la ciudadanía. Aquí, lo hemos dicho hasta el cansancio: hay un miedo patológico para aplicar la ley. Con la mano en la cintura y con una buena asesoría jurídica el gobierno estatal podría echar abajo las sobadas medidas cautelares, en las que ese pequeño grupo de indígenas se ampara para seguir invadiendo un lugar público.
Pero ello contrasta –así lo ven con mente obtusa- con el discurso del respeto a los pueblos originarios y demás palabrería plagada de demagogia. Justamente por ello, han sacrificado la imagen de nuestra capital, reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad y, sobre todo, uno de los sitios más emblemáticos de nuestra capital: el Centro Histórico, con el zócalo y la Alameda de León. Ya vienen los festejos decembrinos, en lo que, por moverlos de ahí para celebrar La Noche de Rábanos, el gobierno estatal tenga que desembolsar muchos millones de pesos, para un presunto soborno, pues según la Secretaría General de Gobierno, en breve expiran los beneficios de las medidas cautelares.
