El pasado viernes 12 de noviembre se celebró la audiencia judicial sobre las acusaciones que libra el diputado local, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gustavo Díaz Sánchez. Si bien es cierto que en nuestras leyes existe como prioridad la presunción de inocencia, también lo es que, cada vez la Fiscalía General de Veracruz encontró más elementos probatorios para incriminar al legislador, que fue el único que no se registró ni estuvo presente durante la instalación de la LXV Legislatura del Estado, el pasado sábado. Es cierto, la zona de donde es oriundo y ha tenido influencia política ha sido uno de los dolores de cabeza para los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas. Se trata de una pequeña zona limítrofe que ubica a las poblaciones de Cosolapa, Oaxaca y Tezonapa, Veracruz.
Para nadie es un secreto que el aludido Díaz Sánchez, diputado reelecto por el Distrito Local Número 1, Acatlán de Pérez Figueroa, ha sido señalado por algunos medios locales de ser un enemigo de los medios de comunicación. Se le ha vinculado con grupos criminales y se sabe que, desde hace años, ha mantenido el control político a base de terror. Se han dado decenas de homicidios en dicha zona, incluyendo al del ex diputado local, también del PRI, Heriberto Ramírez. Y también que la inseguridad que se vive ahí, ha sido propiciada por las acciones contra la ley del hijo y familiares del legislador detenido. Ya son comunes los asaltos carreteros y el saqueo de unidades de mercancía, todo ello, aparte del trasiego de droga y otros negocios ilícitos. Todo ello –insistimos- ha sido desde hace más de una década, un secreto a voces, de lo que se ha desentendido el mismo gobierno.
No es una buena nota que haya diputados locales a los que se les vincule con grupos criminales y que se estarían estudiando en el fuero para protegerse. Díaz Sánchez ya está en un penal federal de Michoacàn. Pero, bien haría la Fiscalía General de la República (FGR) de realizar una investigación a fondo para poder desentrañar ligas y actos presuntamente delictivos. En la Cuenca del Papaloapan, así como en el Istmo de Tehuantepec y la Costa oaxaqueña, se han registrado decenas y decenas de ejecuciones en los últimos días. Existen evidencias de que algunos cárteles ya tienen presencia y hay una lucha a muerte por el control de las plazas. Mientras tanto, entre nuestras autoridades sigue vigente ese disco rayado de que Oaxaca es una de las entidades más seguras del país.
Inseguridad citadina y apatía oficial
La semana pasada, tal como lo consignamos en nuestra sección policíaca del jueves 11 de noviembre, se dieron hechos preocupantes en materia de seguridad: un par de sujetos ejecutó dentró de su automóvil a dos personas del sexo masculino, en tanto una dama fue herida, falleciendo después en el hospital. Estos hechos criminales se dieron en la Colonia Bugambilias, en la agencia municipal de Santa Rosa Panzacola, en donde una semana antes, un mecánico corrió igual suerte. Algunas fuentes revelan otro caso más. Por lo tanto, en pocos días se cometieron al menos cinco homicidios, con el sello propio del crimen organizado. Se trata, según aquellos que conocen la problemática del trasiego de droga, de ajustes de cuentas entre grupos rivales que se dedican a distribuir cristal y pretenden apropiarse de la plaza. Uno de los ejecutados de que hablamos al principio, trabajaba se dice, con un sujeto que hace al menos un mes y a plena luz del día fue asesinado en la Colonia del Maestro.
Hace algún tiempo, la ciudadanía se enteraba por los medios impresos, la radio o las redes sociales, de enfrentamientos y ejecuciones, pero que ocurrían en algunas regiones del estado. Sin embargo, tener esos escenarios en la misma capital no deja de ser preocupante, como son los asaltos a transeúntes o casas habitación, sin que el área responsable del municipio de Oaxaca de Juárez, actúe en consecuencia. Lo que el ciudadano común y corriente puede observar es una corporación uniformada municipal disminuída y limitada. Suponemos que si los camiones recolectores de basura no pueden cargar gasolina para que los operadores puedan desempeñar su función, debe ocurrir lo mismo con las patrullas, asimismo rentadas y sin el avituallamiento obligado para hacer frente a grupos y bandas delictivas, que han sembrado el terror en agencias, colonias y en el mismo Centro Histórico.
Es tarea, sin duda, para la autoridad municipal que entra en funciones el primero de enero. Poco se puede esperar de la que con más desaciertos que logros está a mes y medio de concluir su gestión. Ciertamente poco le ha interesado dar respuesta a dicho rubro, pues tal parece que aplicó con cinismo el principio aquel de “dejar hacer, dejar pasar”. El gobierno de Oswaldo García Jarquín deja una agenda pendiente, muy compleja para resolver, dado que se desentendió de su responsabilidad como un alcalde que ganó con el voto mayoritario de la ciudadanía, confianza que echó por la borda.
