Uno de los temas que más se le han criticado al actual gobierno, es la falta de compromiso de algunos de los miembros del gabinete de Alejandro Murat, con los oaxaqueños. Parte de su equipo fue traído de fuera como si entre los profesionistas locales no hubiera la capacidad para responder con vocación de servicio en las tareas de gobierno. Se trata de funcionarios de medio tiempo, que llegan a sus tareas administrativas los martes de cada semana para retirarse a sus domicilios en la Ciudad o Estado de México, los viernes por la mañana. Algún ingenioso calificó este gobierno como el de los yupies y el de los yopes, aludiendo con el primer calificativo a los fuereños y el segundo a los nacidos en la entidad. Sería una tarea mayor para unas líneas editoriales ir desglosando los yerros en cada una de las dependencias y entidades, algunas pocas en las que los titulares se han mantenido durante lo que lleva este sexenio y otras, en las que ha habido una verdadera danza de responsables, como es el caso de los Servicios de Salud.
Se han dado casos en los que luego de la remoción de los titulares por parte del ejecutivo estatal, hay lapsos largos de tiempo en que las dependencias o entidades han quedado acéfalas o con encargados del despacho. Hoy mismo, luego de la derrota de algunos (as) en los pasados comicios, las áreas que manejaban siguen sin titular oficial. Otro factor importante es que, pese a las denuncias de corrupción, malos manejos, desvío de recursos, entre otros, los responsables han sido tratados con inusual indulgencia. La corrupción en ciertas áreas de gobierno no ha sido la excepción sino la regla. Pero aquí no pasa nada. En rubros como la seguridad se ha ido de más a menos. El discurso de que Oaxaca es de las entidades más seguras del país, contrasta con los hechos y la visión ciudadana que insiste en que la inseguridad no se ha acotado o limitado.
El tiempo se agota y entramos en un par de semanas al sexto año de gobierno. Tiempo -presumimos- para que el ejecutivo estatal haga los ajustes pertinentes y ponga a trabajar a sus colaboradores. Algunos de ellos -se sabe- siguen haciendo home office, cuidando su salud de los contagios de Covid-19. Esto es, siguen en la comodidad de sus hogares o sitios de recreo asumiendo que sus tareas se han cumplido y echando de su ronco pecho que están seguros en sus cargos, cuando saben que lo que no se hizo en cinco años, menos se hará en uno.
Apoyos directos, no intermediarios
La existencia en Oaxaca de más de 400 organizaciones y grupos sociales ha creado en la entidad un espectro de mendicidad imposible de acotar. Todos ellos y sus dirigentes perviven como parásitos de los recursos estatales y, algunos organismos, están son ya clientes cotidianos que llegan a las oficinas estatales o federales a empujar las puertas y amedrentar a los servidores públicos, que tienen la mala fortuna de toparse con ellos. Hay algunas organizaciones particularmente violentas, como el Frente Popular Revolucionario (FPR), que presionan y chantajean para exigir recursos, sin tener alguna representatividad legal de grupos sociales, comunidades o municipios. Y, para hacer más efectivas sus protestas, traen a vecinos de las mismas, con el ardid de que urgen de obras de alcantarillado, agua potable, luz eléctrica o construcción de escuelas.
Desde el gobierno de Heladio Ramírez López (1986-1992), el directorio de dichas organizaciones se empezó a multiplicar, convirtiéndose en un reto no sólo para las finanzas estatales, sino incluso, para la gobernabilidad. Cualquier observador puede percatarse que las protestas, toma de oficinas y bloqueos se han vuelto más recurrentes durante los últimos meses del año. En tono de burla se dice que los líderes vienen por su aguinaldo. Y no es un secreto que todas, todas las organizaciones viven de la limosna gubernamental. El subsidio, el dinero debajo de la mesa y las canonjías que se les otorga a cada una de ella, incluso se contabiliza en las diversas dependencias. Tienen obras ya etiquetadas que se les asignan a sus dirigentes, cual si fueran contratistas. Hay pues una serie de anomalías que el gobierno trata de justificar con el hecho de que ello permite la gobernabilidad.
Sin embargo, los llamados negociadores oficiales han pasado por alto un elemento: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dado instrucciones precisas para ir sacando de la jugada a líderes y falsos redentores sociales, con la política de entregar recursos, apoyos económicos o programas sociales, directamente a los beneficiarios y no a intermediarios. Y hay una razón en ello: la historia reciente registra que muchos de los dirigentes viven como potentados, mandan a sus hijos a estudiar en escuelas de ricos, viajan en primera clase por avión y se dan la gran vida, de los recursos que son canalizados a sus organizaciones.
