Como lo establece la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, hoy le corresponde al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, jefe del poder ejecutivo estatal, rendir el informe del estado que guarda la administración pública a su cargo. En esta ocasión, el ejecutivo estatal deberá dar cuenta de los trabajos realizados durante su quinto año de labores. Sólo le resta un año para terminar su gestión, responsabilidad que le otorgó el voto ciudadano de los oaxaqueños en julio de 2016. Sin ánimo de justificar el limitado trabajo gubernamental, es importante subrayar que de aquel discurso de resultados con el que convenció y logró el sufragio que lo llevó al triunfo, en lo hecho hasta el día de hoy, hay un gran trecho. Seguimos arrastrando los síntomas del atraso y la marginación, pues estamos convencidos de que, si bien hay un crecimiento en las mediciones de la economía, ello no se ha traducido en mejoría en la calidad de vida de los oaxaqueños.
Es cierto, Murat Hinojosa ha bogado contra corriente con un escenario adverso, lleno de tragedias y siniestros. Sin que ello suene a justificación, los dos primeros años, 2017-2018, fueron de sequías, tormentas y sismos. Las tareas de reconstrucción y atención a damnificados impidieron de principio a fin llevar a cabo en plenitud su Plan Estatal de Desarrollo, 2016-2022. En 2020, justo cuando emprendía con gran enjundia su cuarto año de gobierno, la emergencia sanitaria por la pandemia impidió el desarrollo de obras y proyectos. Y este año no ha sido diferente. Se han mencionado algunas obras de envergadura relativa como la de Símbolos Patrios, pero otras han estado ya en el olvido como el Libramiento Sur o la construcción del Centro Cultural.
Esperemos que el informe que hoy rinde el gobernador esté, al menos, plagado de optimismo, pues con el recorte de más de 1 mil 600 millones de pesos que se anunció, de parte de la Federación, poco, muy poco podemos esperar de un sexto y último año de desarrollo y progreso. Hay que recordar que ni uno solo de los grandes proyectos carreteros que con gran enjundia prometió concluir en sus primeros 15 meses de administración, se ha concretado. Siguen siendo parte de los sueños del pueblo. El tiempo se acorta y de no emprender acciones enérgicas, esta administración podría pasar a la historia como la única que jamás concluyó, aunque fuera una obra de gran envergadura.
Resolución histórica
La semana pasada hubo una gran noticia para los oaxaqueños, pero, particularmente, para nuestros hermanos zoques que habitan la zona de Santa María y San Miguel Chimalapas: el añejo diferendo que libraron durante varias décadas con comuneros del estado de Chiapas, respecto a la posesión de más de 160 mil hectáreas de selva tropical, finalmente se les restituye. Se trata de una sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, por tanto, inapelable, que valida los límites de Oaxaca, ante los afanes de invasión por parte de comuneros y gobierno chiapanecos, quienes establecieron de manera ilegal, el municipio de Belisario Domínguez en territorio ajeno. Los conatos de violencia y la indefinición en la que se encontraban pobladores de dicho municipio generaron serios dolores de cabeza, lo que motivó a que el gobierno del ex ejecutivo estatal, Gabino Cué Monteagudo, presentara en 2012, la controversia constitucional ante la SCJN, para dar una respuesta a esta situación.
Durante años, pobladores de Los Chimalapas denunciaron actos de violencia, saqueo de la riqueza forestal y acciones de intimidación por parte del municipio ilegalmente establecido. El gobierno chiapaneco se empecinó en asumirse propietario del predio, aún a sabiendas de que no lo validaba ningún registro o título de propiedad. Los zoques tuvieron que presentar como prueba, documentos que datan del Siglo XV y XVI, que registran la compra del referido predio en cuestión, a la Corona Española que, afirman, fueron pagados con jícaras de oro. Ha trascendido que los ministros del máximo tribunal de justicia del país, incluso analizaron dichos documentos. Además, por supuesto, de los alegatos jurídicos que robustecieron la sentencia. Vale la pena subrayar que se trata de un hecho inédito en el país.
Bajo esa premisa, tanto nuestro gobierno estatal como el del estado vecino, tienen que modificar sus propias constituciones y sus límites. Esa invasión que se ha venido dando desde los años cincuenta o sesenta del Siglo XX, debe terminar. Quienes ahí se han establecido deben definir su situación con el apoyo de sus respectivos gobiernos, en un ambiente de unidad y paz social. De ninguna manera ello debe convertirse en motivo de disputas o enfrentamientos. Se trata de sentar las bases de una buena vecindad con civilidad y tolerancia.
