La semana anterior, el gobernador Alejandro Murat anunció que habrá un recorte de al menos 1 mil 600 millones de pesos de los recursos que la Federación destina al estado. Se escucha como algo simple, pero no lo es, más en estos tiempos cuando la administración estatal arrastra deudas impagables, como es el caso de los Servicios de Salud en Oaxaca (SSO), que se mantienen en el orden de los 14 mil millones de pesos, no obstante, que se ha procurado liquidar algo de ese monto. Ello implica que en todas las áreas de gobierno deberá evitarse el dispendio y los gastos superfluos. Más aún, se trata de una reducción presupuestal cuando estamos entrando ya en breve, al último año de gestión de Murat Hinojosa y no se ven por ningún lado obras relevantes, dignas de mencionarse. El tiempo se le ha ido al ejecutivo estatal en promesas y proyectos; viajes de promoción de inversiones y otros, pero nada en concreto.
Según algunas fuentes y pese a la buena calificación que tiene por parte de empresas que vigilan el gasto y la disponibilidad financiera, el gobierno arrastra pasivos importantes, como los ya mencionados en el Sector Salud. El recorte del presupuesto que nos asigna el gobierno federal es un duro revés para gobierno y sociedad, pues Oaxaca no puede mantenerse por sí mismo, sino que depende en gran medida de la Federación. No hay que olvidar que existen proyectos que no terminan de concretarse, incluso algunos nuevos como es el de Símbolos Patrios que deberá terminarse, una vez que el Poder Judicial de la Federación desestimó alegatos y supuestas pruebas de algunos quejosos que solicitaron el amparo para la suspensión definitiva de la obra en cuestión.
Ya hemos mencionado aquí que otra de las obras ofrecidas a los oaxaqueños fue la del Libramiento Sur, de la cual ya no se menciona nada. En fin, a la crisis financiera que arrastra el gobierno estatal se suma un nuevo revés. El tiempo se acorta y, de no hacerse al menos una o dos obras que valgan la pena, este gobierno pasará a la historia como una gestión fallida, que ofreció resultados, pero sólo dio lecciones de retórica y demagogia. Nada podemos esperar de viajes presuntamente para promover inversiones, cuando todos sabemos que nuestro estado no es el Edén para las mismas, habida cuenta de la compleja problemática social que arrastra, de lo que ya hemos comentado en fechas recientes en este mismo espacio editorial.
Extorsión: Delito impune
Desde hace al menos tres semanas, empresarios y comerciantes del Istmo de Tehuantepec, principalmente de ciudades como Ixtepec, Juchitán, Salina Cruz o Tehuantepec, se han quejado de mensajes de extorsión que delincuentes que afirman ser miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, les han enviado para exigirles un pago único, con el cual recibirán protección. Este delito se ha extendido por todo el país y el estado, incluso, se sabe que muchos de esos mensajes provienen de algunos centros penitenciarios. Muchas personas, ante el temor de ser asesinados o que sus familiares puedan estar en riesgo, caen en el juego y depositan fuertes cantidades de dinero para satisfacer a estos bandidos. Sin embargo, en virtud de las deficiencias que existen en las dependencias responsables de la seguridad pública, en materia de delitos cibernéticos, la delincuencia sigue desatada aprovechando la buena fe o el temor del ciudadano común.
Muchos optan por cortar de tajo la llamada cuando perciben que se trata de extorsionadores en plena acción, pero hay quienes escuchan sus amenazas. Pocos, muy pocos han sido detenidos y consignados ante el juez. Hay bandas delictivas tanto del crimen organizado como de bandas comunes que han operado desde hace años y lo siguen haciendo con una impunidad inaudita. La política deficiente del gobierno federal, traducida en la burda frase de “abrazos no balazos”, ha abierto la puerta para que dicha delincuencia se siga cebando sobre la ciudadanía inerme. Hay ciudades en el interior del estado, como las ya mencionadas o Tuxtepec, Pinotepa o Pochutla, algunos comerciantes o pequeños empresarios han tenido que cerrar sus negocios ante la imposibilidad de seguir pagando las extorsiones o el famoso derecho de piso.
Esta situación ha generado una justificada molestia hacia los gobiernos federal, estatal y municipal, pues la mayoría de las veces, los responsables sólo se encogen de hombros. ¿Cómo combatir de manera frontal dicho ilícito? Orientando a la ciudadanía para no caer en el juego de criminales y malandros y de inmediato, reportar el número de dónde se recibe la llamada a las autoridades. Las redes sociales han operado con mayor efectividad ante dicho delito. En los grupos de Whatsapp, se corre la voz de inmediato, poniendo al corriente a los usuarios del número o los números de donde se reciben llamadas para la comisión de este aberrante ilícito.
