El gobierno federal reportó que obtuvo una recaudación por 395 mil 918 millones de pesos por procesos de auditorías a los contribuyentes durante enero-septiembre de este año, revelan cifras del Informe de Finanzas Públicas al tercer trimestre de la Secretaría de Hacienda.
El monto representó 14.7% de los ingresos tributarios totales en el periodo de referencia, la segunda proporción más alta de las últimas dos décadas.
Sin embargo, la cifra obtenida por fiscalización, también conocida como recaudación secundaria, implica una reducción de 10.3% en términos reales respecto de los ingresos reportados en el mismo periodo de 2020, después de seis años de continuos incrementos.
En lo que se refiere a la rentabilidad de la fiscalización, ésta se ubicó en 141.5 pesos por cada peso utilizado para auditar a los contribuyentes, que significó el segundo coeficiente más alto en los últimos 20 años para un periodo enero-septiembre.
El valor anterior de rentabilidad fue inferior al coeficiente obtenido en igual lapso de 2020, que fue de 153.8, lo que significó una caída real de 12.6 por ciento.
La Secretaría de Hacienda reportó que para ejercer la recaudación por fiscalización fueron necesarios 15 mil 997 actos de auditorías a contribuyentes en enero-septiembre de ese año, un desplome de 73.6% respecto 60 mil 617 actos que fueron necesarios en igual lapso de 2020.
Además, reporta una alta efectividad, pues en 96.6% de los actos en que se entró en contacto directo con el contribuyente se identificaron evasiones u omisiones de éste, proporción que se mantiene relativamente estable en los últimos años.
Positivo, pero con alertas
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) ha expresado que la estrategia del gobierno federal de aumentar la recaudación basada en la fiscalización, eficiencia recaudatoria y cobranza sin necesidad de judicialización es “en principio válida, legítima y bienvenida”.
Sin embargo, comentaron que es posible que el potencial de esta estrategia no sea tan fuerte este año como sí lo fue en años anteriores, ya que tendería a agotarse conforme los contribuyentes se vayan poniendo al corriente.
Otro elemento que el CEESP alertó es el riesgo de que los contribuyentes sean objeto de presiones para pagar sus adeudos, bajo la amenaza de ser denunciados por delitos fiscales, situación que inhibiría la inversión privada.
