Las carencias económicas y de oportunidades pueden hacer que las personas ejerzan la delincuencia, pues la violencia que puede derivar de la pobreza urbana no necesariamente se relaciona con los grupos del crimen organizado, sino que puede manifestarse en la formación de pandillas, agresiones entre vecinos o violencia intrafamiliar y de género. Por ello, las autoridades deben ser cuidadosas con las políticas que desplieguen para prevenir y combatir la violencia.

Si bien los programas sociales han logrado reducir carencias como el acceso a la salud, vivienda y rezago educativo, mientras el ingreso de los mexicanos no mejore seguirá aumentando la pobreza. La aplicación de programas sociales debe complementarse con crecimiento económico y generación de empleo.

La eficiencia de los programas sociales depende de tres cosas: que estos estén bien diseñados y alineados con las necesidades, que tengan la cobertura correcta y que tenga un presupuesto suficiente y consistente. Si la economía no crece y las personas no pueden incorporarse al mercado liberal, no hay condiciones para disminuir en términos sostenibles la pobreza.

Es indudable que el gobierno federal está preocupado por el aumento de la pobreza en zonas urbanas, debido a que en éstas las carencias pueden derivar en resentimientos sociales y delincuencia con mayor facilidad que en las áreas rurales. De ahí que combatir esta pobreza urbana no admite dilación porque estos contrastes, esas desigualdades que se dan en las ciudades generan un clima de más violencia, de violencia social. La desigualdad que se genera en las ciudades genera encono, resentimiento.

Algunos problemas que se registran en esas zonas como el robo a transeúntes o en el transporte público, reflejan la relación que existe entre pobreza urbana y violencia social. Son zonas donde de manera reincidente no hay una presencia institucional del Estado mexicano de manera notable. Existen los servicios urbanos pero son precarios, como también los servicios educativos pero son de mala calidad. Sí existen servicios de seguridad pública pero son deficientes. Y esto, entre el hacinamiento, la falta de oportunidades y las condiciones precarias de vida, genera cierto tipo de violencia.

Capacidad de respuesta

Nueve días después del terremoto que impacto 283 municipios de nuestro estado, queda demostrado que organizar la respuesta de manera efectiva ante un desastre requiere coordinación y ayuda de la sociedad civil en todo su conjunto: sector público, privado, comunidades, grupos religiosos, comunitarios, rescatistas, entre otros, cuyos miembros deben estar preparados y saber cómo ayudar.

Para los especialistas en la materia, uno de los grandes problemas ante un desastre o un evento catastrófico es recibir una gran cantidad de objetos que no se necesitan o no son adecuados para ser distribuidos entre las personas afectadas: Entre el 60 por ciento y el 70 por ciento no sirve. El resto, alrededor de un 30 por ciento restante hay que almacenar para un futuro y entre un 5 a 10 por ciento son urgentes.

Destaca la participación del sector privado en la respuesta de ayuda humanitaria a los afectados, sin embargo se recomienda que esta participación debe ser planificada y con reglas claras para que las donaciones fluyan con normalidad y lleguen de manera efectiva a sus destinatarios.

México es uno de los países más expuestos a los desastres naturales, suceden con regularidad con diferentes intensidades, tan es así que un bono de catástrofe por 315 millones de dólares fue creado recientemente, provee un seguro contra terremotos y huracanes. El departamento del Tesoro del Banco Mundial asesoró al gobierno mexicano y facilitó esta transacción.

Escuelas, oficinas y hogares han sido capacitados para seguir ciertas instrucciones ante estos fenómenos naturales. “No corro, no empujo, no grito”, repiten los niños, pero con más de 90 sismos al año con magnitudes de 4.0 grados o más en la escala de Richter, México es uno de los países en el mundo más expuestos a riesgos naturales de todo tipo.

El país tuvo que aprender una muy dura lección con el terremoto de 1985, que dejó miles de personas muertas y pérdidas estimadas en 11 mil 400 millones de dólares.

La destrucción que dejó aquella catástrofe forzó al gobierno a usar sus recursos para la reconstrucción, en lugar de, por ejemplo, expandir la infraestructura del país. Hoy tocó a Oaxaca, donde como todos sabemos los pobres son las principales víctimas.