Uno de los rubros económicos más afectados por la contingencia sanitaria es la industria turística. Pese a la afluencia de visitantes que se ha observado en algunos períodos vacacionales, el sector no ha tenido una recuperación importante. Y, por lo visto, la crisis continúa. El anuncio de la suspensión de calendas, comparsas y cierre de panteones en las festividades del “Día de Muertos”, justo cuando se advertía una recuperación por las reservaciones de hospedaje, es premisa de otro golpe letal. Esta medida se da por segundo año consecutivo. Sin embargo, lo que resulta una bofetada más a los prestadores de servicios, es la cerrazón, el encono y el odio, que siguen presentes en algunas comunidades que, manejadas por intereses particulares, perviven en medio de ancestrales conflictos agrarios. Nos referimos al anuncio de apertura del balneario natural de “Hierve el Agua”, de parte de vecinos de San Isidro Roaguía, que despertó de inmediato la amenaza de San Lorenzo Albarradas, comunidad que se asume propietaria.
propietaria. Con afanes violentos, éstos amenazaron que no permitirán la apertura del citado sitio turístico, cerrado desde el inicio de la contingencia. Y Roguía lo abrió, en abierto desafío a sus vecinos. Esa disputa lleva décadas. Sin embargo, el turismo nacional y extranjero ignora dicha controversia y sigue visitando el lugar. Es decir, lo que puede ser un pivote de derrama económica para la zona, es instrumento de conflicto, jaloneos y ambición. Tal cual el que libran Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec, por el paraje denominado “El Pedimento”. En Oaxaca están vigentes centenas de conflictos agrarios, algunos de ellos, verdaderas bombas de tiempo. Durante décadas, tal vez siglos, comunidades enteras se han visto inmersas en enfrentamientos y verdaderas masacres. Ahí no hay buena vecindad, sólo odio ancestral, heredado de padres a hijos. Y en ese perpetuo ajuste de cuentas han muerto cientos de personas. Ni las anteriores resoluciones presidenciales ni, mucho menos las sentencias de autoridades y tribunales agrarios, han podido mermar esos diferendos ancestrales.
El gobierno estatal ha convocado a comunidades en conflicto a suscribir acuerdos de paz. Se toman la foto y todos felices y sonrientes. Mañana o pasado siguen las vendettas. Más cuando personas o grupos ajenos azuzan a unos u otros. El ejemplo de Roaguía y Albarradas es patético. Empecinados en no dejar que se explote el balneario, están matando a la gallina de los huevos de oro.
Agitación social permanente
Conforme se acerca el fin de año –y ello no es nada nuevo en nuestra agitada y conflictiva convivencia social- arrecia la presión hacia el gobierno estatal. Grupos y organizaciones sociales enloquecen al tenor de las ambiciones de sus dirigentes. Cual más, cual menos, afirma que el gobierno no les ha cumplido a las comunidades o municipios; sectores productivos o segmentos sociales, que dicen representar y, como respuesta realizan marchas, bloquean calles y carreteras o toman casetas de cobro. El activismo pernicioso como el que señalamos, no se explica sin la urgencia de que a los dirigentes se les otorgue la clásica dádiva gubernamental. Hace un par de semanas lo dijo el titular de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Javier García López: la movilización de dichos grupos es por dinero.
En los archivos y memoranda del gobierno de Alejandro Murat se encuentran registradas no menos de 400 organizaciones sociales. Y todas, sin excepción, viven de los recursos que esta administración les otorga. Es importante subrayar que este fenómeno no es nada nuevo. Incluso, cuando las movilizaciones se llevan a cabo a fines de noviembre o diciembre, con ironía, algunos ciudadanos se refieren a ellas como mecanismos de chantaje para que les otorguen su aguinaldo. Y no les hace falta razón, porque en ese universo de membretes, hay centenas de personas que no trabajan, perviven de lo que el gobierno les otorga y laboran de tiempo completo en estrategias de chantaje y manipulación. No es difícil probar que la mayoría de ellos no cuentan con un empleo o están dados de alta en oficinas de gobierno o en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Que alguien le pregunte a Flavio Sosa, dirigente de Comuna, cuál es su salario y encontrará sorpresas.
A los operadores del gobierno estatal hay que refrescarles la memoria en aquello en lo que mucho ha insistido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: los apoyos deben otorgarse de manera directa. Hay que acotar a la voz de ya, esas prácticas perniciosas de mantener a dirigentes y agitadores profesionales que, tomando como bandera a los pobres y necesitados, viven como parásitos de los apoyos que les otorgan los tres niveles y viven como magnates. Oaxaca requiere para que sus habitantes puedan vivir en paz, que desde el gobierno se pongan candados, sin que ello signifique acotar la libre expresión, para evitar estas prácticas abiertas de chantaje.
