De un préstamo de 50 mil pesos, profesores del magisterio estuvieron pagando hasta 250 mil a empresas financieras fraudulentas que ofrecieron dinero fácil y sin trámites burocráticos.
Crédito maestro, Con su pago, Crédito OK, Paguitos, entre otros, son los nombres de estas firmas que acechan a los trabajadores de la educación en activo y jubilados a fin de endeudarse.
Es común observar a su personal invitando a sus posibles clientes en eventos del magisterio.
“Las financieras no te permiten liquidar hasta después de dos años y los intereses son muy altos. Te dan opciones a 96 y 48 quincenas, pero te vienen descontando desde nómina”, dijo una profesora.
No obstante, este sector accedió en algunos casos por la facilidad, sin papeles ni trámites, toda vez que los ligan a los salarios quincenales y por eso, el proceso es sin aval ni estudio económico para conocer la solvencia de la persona interesada.
Los profesores que en un momento fueron beneficiados, quedan endeudados hasta por 6 años con estos préstamos que se convierten en una bola de nieve que va lesionando la economía familiar.
De acuerdo con la dirigencia de la Sección 22 del magisterio, las personas afectadas son de todas las regiones quienes se encuentran en 500 carpetas de investigación, en el caso de las que denunciaron.
Ante esto, pidió que la autoridad educativa retire el vínculo entre estas casas de préstamo a la nómina magisterial para proteger a docentes y personal administrativo.
En algunos casos, han solicitado liquidar el recurso, para lo cual, encuentran la negativa de las financieras ya que los plazos son largos.
E incluso, están acudieron a la Condusef para solicitar su intervención y para la denuncia correspondiente.
Para esto, algunas voces han ventilado que posibles exdirigentes magisteriales establecieron estos convenios que lastiman la economía del sector de trabajadores de la educación.
Este esquema viene en denuncias interpuestas desde el 2018, con operaciones desde un año anterior, según el registro que tiene esta sección sindical.
“Se trata de un megafraude que inició en el 2017, por eso, la exigencia es la cancelación de convenios; que se deje de vincular a la nómina a estas empresas, y que se judicialicen las carpetas”, urgieron.
