¿Qué pasa con la Fiscalía General de la República? No se acomoda aún o no cuenta con los elementos necesarios para proceder y consignar a los personajes que son denunciados y buscados por las autoridades.
Creada desde 2018, la Fiscalía fue anunciada de forma estentórea, ya que reemplazaba a la desacreditada Procuraduría General de la República, en la cual se habían cometido demasiados yerros y al ser parte del Ejecutivo federal no tenía la independencia necesaria para actuar en la persecución de los grandes delitos.
La policía que dependía de la PGR y muchos de sus Ministerios públicos eran señalados como parte de los muchos delitos que se cometían en el país, los primeros y por la omisión los segundos.
De ahí que se consideró necesaria crear la figura de Fiscalía, para que ésta se manejara de manera independiente del Poder Ejecutivo, investigara los crímenes y actuara en consecuencia.
La desaparición de una y el nacimiento de la otra fue ampliamente festejado y se lanzaron loas cuando se supo el nombre del primer titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, un abogado de larga trayectoria, que había cabeza de la primera lucha contra el narcotráfico, secretario de seguridad Pública de nivel federal, entre otros cargos y se mostraba como un personaje recio y duro, inflexible, tal vez.
Iniciaron las investigaciones y se conocieron diversos casos de corrupción en los que se involucraban peces gordos, personajes de la política y de la vida empresarial que fueron acusados por grandes violaciones a las leyes y omisión en el pago de impuestos.
Dos asuntos llamaron poderosamente la atención, el emprendido contra Rosario Robles. Ex titular de SEDESOL y SEDATU, en la llamada Estafa Maestra y en el que se relacionó a varios pesos pesados del sexenio anterior y el de cochupos en PEMEX, acusando directamente a su ex titular, Emilio Lozoya Austin, con filtraciones de otros gallos de la administración de Enrique Peña Nieto, e incluso, al mismo ex Presidente de la República.
En el primero de los casos, Rosario se presentó a declarar y fue aprehendida, en el segundo Lozoya huyó, fue capturado (o se dejó capturar) y se acogió al criterio de oportunidades (delator).
En ninguno de los dos casos se avanzó en la investigación y todo parece pasmado.
Alonso Ancira, flamante empresario del acero fue detenido y extraditado de España y logró un acuerdo con las autoridades para devolver parte del dinero mal habido en la venta de una planta de fertilizantes.
De igual forma se anunció de manera rimbombante que el gobierno federal emprendía acciones penales en contra de empresarios de nombre resonantes como Miguel Alemán Magnani (nieto de un Presidente de la República); Carlos Cabal Peniche, algún día empresario favorito del régimen; Víctor Álvarez Puga y Raúl Beyruti, catalogados como los reyes factureros, así como en contra de Inés Gómez Mont, hija, nieta y sobrina de grandes abogados que llevan ese apellido.
Un cúmulo de denuncias fueron levantadas y con ella investigaciones que han arrojado la supuesta eventualidad de delitos.
Sin embargo, la justicia camina a ritmo lento, tal vez, más lento que cuando tenía el despreciado nombre de Procuraduría y cuyo titular era conocido como el abogado del Ejecutivo federal.
Un libro recientemente publicado por el abogado Javier Coello Trejo, cuyo título El Fiscal de Hierro, Memorias, narra las peripecias del personaje en su gestión como ministerio público federal, en la que establece que durante su ejercicio como “Fiscal” no dejó pasar ningún delito, destacando que cuanta investigación realizaba, daba resultados, con detenidos y consignados, con los que en algunos casos se llegaba a un arreglo de la devolución de los extraído o robado, a cambio de la libertad del o los individuos, regularmente, servidores públicos.
Tal vez, valdría la pena contactar a Coello Trejo, quien se encuentra ahora del otro lado como abogado defensor, en su propio despacho, para convencerlo de que vuelva a la actividad pública y ejerza ese poder de investigación y dureza mostrado durante sus años de “Fiscal”.
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La alianza concertada entre el partido Verde y MORENA con vistas a la elección en Oaxaca, devela dos posibles nombres entre los que se decantará la nominación de candidato o candidata al gobierno estatal: los senadores Raúl Bolaños Cacho o Susana Harp.
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