Lo que hemos vivido los oaxaqueños en las últimas semanas tienen responsables. Es decir, métodos ominosos como el bloqueo de calles y carreteras no se manejan solos, tienen a manipuladores detrás. Son quienes han orquestado estos atropellos a la ciudadanía; a la economía; a la imagen de la capital oaxaqueña, caracterizada por publicaciones especializadas como una de las más bellas de Latinoamérica. Es decir, el daño personal al ciudadano de a pie y los daños colaterales a nuestra capital o estado, cuya imagen se ha visto deteriorada ante los turistas potenciales, tienen responsables. De igual manera, los daños a los vecinos cuyas casas han resentido los efectos como la basura tirada enfrente y la fauna nociva que ha penetrado en sus hogares, debe ser castigado.
Sin embargo, estamos convencidos de que en Oaxaca, la aplicación de la ley es una utopía; una broma de mal gusto. Ya lo hemos dicho. La política de diálogo y más diálogo lleva oculta detrás, el miedo cerval para aplicar la norma. Llevamos a cuestas dos síndromes que, de no sacudirse a tiempo, serán el cilicio de los oaxaqueños hasta el fin de los tiempos: el de la supuesta represión al movimiento político y social del 2006, liderado por la tristemente célebre Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) y la también calificada como represión, cuando las corporaciones policiales federales y estatales, rompieron con violencia el bloqueo carretero en Asunción Nochixtlán, el 19 de junio de 2016. Es un insulto que el gobierno estatal se escude en esta supuesta afrenta a los derechos humanos de grupos minoritarios –no de toda la población– para eludir su responsabilidad de actuar con la fuerza de la ley en la mano.
El ejemplo de que la acción policial de “proximidad” sí funciona se vio hace más de una semana cuando la Policía Estatal inhibió la acción de normalistas que se disponían a secuestrar autobuses urbanos para ir a atracar a la caseta de cobro de Huitzo.
Adicionalmente, impidió –aunque poco- el saqueo de vehículos de mercancías que eran vaciados por supuestos estudiantes. Después se trasladaron a Avenida Universidad para convencer a los chantajistas del STEUABJO para evitar seguir afectando la vialidad y el libre tránsito. Entonces quiere decir que sí funciona. Empero, seguimos en la política del diálogo, en la cual a los rijosos hay que darles trato de reyes. Pero no se usan los elementos que el gobierno debe utilizar para salvaguardar el Estado de Derecho.
Discurso acartonado
Del tema ya hemos hablado muchas veces. Es la inseguridad. El miércoles 6 de octubre, en sólo una mañana se descubrieron los cuerpos de tres mujeres, dos de ellas presuntamente asesinadas y otra más, motivado por un supuesto suicidio. Dichos hallazgos se dieron en los Valles Centrales. Dos cuerpos en un paraje cercano a San Pablo Huitzo, donde se encontraron los cadáveres de dos mujeres, entre ellos una menor de edad, quienes habrían sido asesinadas y la otra víctima, en la agencia de San Martín Mexicapan. Al día siguiente, a través de las redes sociales se dio a conocer la ejecución de un abogado, en el barrio de Xochimilco, quien presuntamente era quien llevaba el caso del diferendo agrario que libran entre sí las comunidades de Santa María Sola y San Vicente Coatlán, ésta última comunidad ampliamente conocida por su beligerancia y poco respeto por la vida de sus adversarios. Por la tarde, un empresario vecino de Puerto Escondido corrió la misma suerte: fue ejecutado.
La pregunta es: ¿estamos ante escenarios que nos conllevan a pensar que somos una de las entidades más seguras del país? Por supuesto que no. Oaxaca no está ni más allá ni se aparta del escenario de violencia que vive el país, sobre todo desde que los cárteles de la droga y el crimen organizado no son combatidos con las armas de la ley. Es una irresponsabilidad continuar con un sobado discurso frente a una ciudadanía que, de manera definitiva, tiene una percepción contraria a la visión oficial. No existen los elementos de juicio para que asumamos como real una situación que no es. Las estadísticas publicadas en este diario hace al menos un par de semanas advierten un crecimiento en los homicidios dolosos en el mes de agosto. Y cualquier ciudadano por curiosidad puede llevar un recuento de lo que difunden las redes sociales o publicamos en los medios impresos, para darse cuenta que no estamos en la cima de la seguridad pública nacional.
En este mismo espacio hemos pedido prudencia. Y es que las mediciones que nos ubican casi como un remanso de paz, están muy lejos de la realidad que vivimos. Y para muestra lo expresamos al principio. La misma capital del estado no ha escapado a acciones propias de grupos criminales, algunas de ellas verdaderas afrentas al sistema de justicia, como fue la ejecución del magistrado Enrique Pacheco Martínez, el pasado 13 de septiembre, en plena Colonia Reforma de la capital oaxaqueña. Es decir, hace un mes, sin que hasta el momento se hayan desentrañado los móviles, mucho menos que hayan caído los responsables.
